El reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales y organizaciones criminales continúa siendo una problemática alarmante en Colombia, afectando de manera desproporcionada a comunidades vulnerables.
Según un monitoreo reciente de la Defensoría del Pueblo, entre enero y abril de 2025 se registraron 21 casos de reclutamiento forzado, de los cuales 11 correspondieron a menores de comunidades indígenas, 7 no se identificaron con ningún grupo étnico y 3 eran afrocolombianos.
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Para la organización, dicho fenómeno, que constituye una grave violación al derecho internacional humanitario, refleja una realidad que trasciende las estadísticas y evidencia el impacto devastador en los derechos fundamentales de la infancia.
De acuerdo con los datos proporcionados por la defensoría, los principales responsables de estos actos incluyen al Estado Mayor Central, las disidencias sin especificar, el ELN, la Segunda Marquetalia, el Ejército Gaitanista de Colombia y otros grupos armados no identificados.
Cada uno de estos actores ha sido señalado en los casos documentados, con cifras que oscilan entre 1 y 5 menores reclutados por grupo en el periodo analizado. Sin embargo, estas cifras representan solo una fracción de la magnitud real del problema, ya que el subregistro sigue siendo significativo debido al miedo a represalias, la estigmatización de las víctimas y las dificultades para acceder a la justicia en zonas de alta conflictividad.
El informe también destaca que, en 2024, se tuvo conocimiento de 541 casos de reclutamiento forzado en todo el país, siendo el departamento del Cauca el más afectado, con 360 reportes. De estos, 325 correspondieron a niños y 216 a niñas. Además, 269 de las víctimas pertenecían a comunidades indígenas, 36 eran afrocolombianas, 159 no se identificaron con ningún grupo étnico y no se obtuvo información sobre 77 casos.
En cuanto a los responsables, el Estado Mayor Central lideró las cifras con 205 casos, seguido por las disidencias sin especificar con 180, y otros grupos como el ELN, la Segunda Marquetalia y el Ejército Gaitanista de Colombia con cifras menores.
La Defensoría del Pueblo subrayó que el reclutamiento forzado no puede ser analizado únicamente desde una perspectiva estadística, ya que cada caso implica la destrucción del proyecto de vida de un menor, el desarraigo de su entorno familiar y comunitario, y su sometimiento a formas extremas de violencia y control.
En palabras de la organización: “Seguiremos monitoreando este fenómeno, acompañando a las comunidades y exigiendo respuestas integrales que prioricen la garantía plena de derechos de las niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional”.
Juvenicidios en Colombia
Además del reclutamiento forzado, la violencia contra jóvenes en Colombia se refleja en los alarmantes casos de juvenicidios registrados en 2024. Por ejemplo, y según datos recopilados por colectivos locales y la Unicef, 148 jóvenes fueron asesinados en el Chocó durante ese año. Por su parte, cifras oficiales del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a nivel nacional, reportaron más de 490 homicidios de niños y jóvenes.
No obstante, Medicina Legal aclaró que su clasificación de homicidios no incluye una tipificación del delito ni juicios de responsabilidad, ya que estas competencias recaen en la Fiscalía General de la Nación y en los jueces.
El contexto de violencia que afecta a la juventud colombiana, especialmente en regiones con alta presencia de grupos armados, pone de manifiesto las debilidades institucionales y la falta de garantías para proteger a las comunidades más vulnerables.
La Defensoría del Pueblo y otras organizaciones defensoras de derechos humanos han insistido en la necesidad de implementar estrategias integrales que no solo aborden las causas estructurales del reclutamiento forzado, que también garanticen la protección y el restablecimiento de derechos para las víctimas y sus familias.
En este panorama, el llamado de las organizaciones es claro: se requiere una acción coordinada y efectiva por parte del Estado colombiano para enfrentar esta problemática, que no solo vulnera los derechos de la infancia y la juventud, sino que también perpetúa ciclos de violencia y exclusión en las comunidades más afectadas.
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