Programas Jóvenes en Paz está en veremos: más de 28.000 personas beneficiarias podrían dejar de recibir apoyos del Gobierno

El Ministerio de Igualdad y Equidad, a través de un comunicado a la opinión pública, informó una serie de dificultades operativas y administrativas que está enfrentando el Programa Nacional Jóvenes en Paz, implementado mediante el Convenio 062 de 2024 con la Unión Temporal Territorio y Paz.

Según señaló, las complicaciones han llevado a la entidad a tomar medidas urgentes para garantizar la continuidad y calidad del programa, que beneficiará a miles de jóvenes ubicados en varias regiones del país.

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De acuerdo con la información proporcionada, en las últimas semanas de mayo y abril de 2025 se llevaron a cabo reuniones con la Unión Temporal Territorio y Paz para revisar y avanzar en el cumplimiento de los compromisos contractuales pendientes. Dichas acciones buscan no solo normalizar las operaciones del programa, también tienen como fin el asegurar las condiciones laborales justas para los colaboradores, proveedores y demás actores involucrados en su ejecución.

A pesar de los retos enfrentados, el programa logró avances significativos. Según el informe oficial, hasta el 30 de abril de 2025, 28.886 jóvenes han sido vinculados al programa en 73 municipios de los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Cesar y Valle del Cauca. En 20 de esos municipios, se alcanzó más del 80% de la meta de vinculación establecida, lo que reflejó el impacto positivo del programa en las comunidades beneficiadas.

El ministerio destacó el compromiso de quienes han continuado trabajando en el programa a pesar de las dificultades, permitiendo que se mantenga una ruta de atención integral para los jóvenes. Además, añadió que el enfoque busca romper los ciclos de vulneración derivados de la violencia estructural y el conflicto armado, problemas que afectan de manera significativa a las juventudes en Colombia.

Ante la difusión de información imprecisa sobre el programa, el Ministerio de Igualdad y Equidad reiteró que cualquier actualización oficial será comunicada exclusivamente a través de sus canales institucionales. Asimismo, reafirmó su compromiso de garantizar condiciones dignas para los integrantes del equipo del programa y de construir respuestas efectivas, justas y transparentes para las juventudes del país.

Qué y cómo funciona el programa de Jóvenes en Paz

El programa Jóvenes en Paz busca transformar la vida de jóvenes entre 14 y 28 años en situación de alta vulnerabilidad, mediante una estrategia integral que combina educación, corresponsabilidad y un enfoque territorial.

La iniciativa tiene como objetivo principal reducir los niveles de violencia en los territorios más afectados por homicidios y crimen organizado, promoviendo la construcción de paz y el acceso a derechos fundamentales para esta población. La propuesta incluye una transferencia monetaria condicionada al cumplimiento de compromisos educativos y sociales, con el fin de incentivar la participación activa de los beneficiarios.

De acuerdo con los detalles del programa, el enfoque se centra en dos componentes principales: el educativo y el de corresponsabilidad. El primero busca garantizar el acceso a la educación en todos los niveles, desde la primaria hasta la superior, con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional, el Sena y universidades locales.

Por su parte, el componente de corresponsabilidad establece que los jóvenes deben participar en actividades comunitarias, ambientales, culturales, deportivas y tecnológicas, entre otras, adaptadas a las necesidades de cada territorio. Estas acciones buscan fomentar la convivencia, el desarrollo personal y la integración social.

El programa también incluye una estrategia de focalización territorial e individual para identificar a los beneficiarios. La focalización territorial se basa en un análisis de los municipios más afectados por el crimen organizado, considerando variables como la tasa de homicidios, la incidencia del crimen, el tamaño de la población en riesgo y su vulnerabilidad socioeconómica. A nivel individual, se utiliza el Registro Social de Hogares (RSH) para caracterizar a los jóvenes en función de su situación de pobreza, desigualdad y exclusión social, con el fin de priorizar a quienes enfrentan mayores riesgos.

Entre las líneas de acción destacadas se encuentra el levantamiento de información territorial, que permite adaptar el programa a las características específicas de cada región. Ese proceso incluye la recopilación de datos sobre actores locales, vocación económica y necesidades comunitarias, lo que facilita la conexión con ofertas institucionales y asegura la sostenibilidad del programa a largo plazo. Además, se realiza una búsqueda activa de jóvenes en riesgo, en colaboración con organizaciones comunitarias y entidades locales, para inscribirlos y caracterizarlos en términos psicoemocionales, socioeconómicos y familiares.

Un aspecto clave del programa es la promoción de compromisos de desarme y un nuevo pacto social con los jóvenes involucrados en pandillas, grupos delincuenciales o en riesgo de integrarse a ellos. Según lo establecido, los beneficiarios deben comprometerse a evitar el consumo de sustancias psicoactivas y a participar en actividades de capacitación y transformación social. Ese enfoque busca proteger la vida e integridad de los jóvenes, al tiempo que fomenta la convivencia pacífica en sus comunidades.

El componente educativo del programa se articula con las necesidades e intereses de los beneficiarios, ofreciendo formación técnica, tecnológica y, en algunos casos, acceso a la educación superior. Igualmente, se contempló la participación de otros ministerios, como los de Cultura y Deporte, para ampliar las opciones formativas en áreas específicas. Por otro lado, el componente de corresponsabilidad incluye actividades en ámbitos como el cuidado ambiental, la promoción de la convivencia, el desarrollo cultural y artístico, y la innovación tecnológica, entre otros.

La estrategia de salida del programa está diseñada para garantizar que los jóvenes beneficiarios puedan continuar su desarrollo personal y profesional una vez finalizada su participación. Eso incluye el acompañamiento en áreas como educación, empleo, emprendimiento y asociatividad, con un seguimiento permanente para asegurar la sostenibilidad de los logros alcanzados. El proceso se lleva a cabo durante los 12 meses posteriores a la integración efectiva de los jóvenes en la ruta de atención.