Gobierno avanza en la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) de las disidencias en Catatumbo: dudas por armas, seguridad y ubicación generan tensión

El proceso de creación de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en la región del Catatumbo, pactada entre el Gobierno Nacional y el Frente 33 de la disidencia denominada Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), continúa en desarrollo, aunque persisten incertidumbres sobre aspectos clave como la seguridad, la logística y el tratamiento de las armas.

Desde la expedición del Decreto 0448 el pasado 17 de abril, mediante el cual se suspendieron las acciones militares ofensivas contra ese grupo, se fijó un periodo de un mes para que la organización armada iniciara su traslado a la ZUT. Esa fecha límite está próxima a vencerse: el 18 de mayo.

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En el decreto también se establece que se deben brindar “las condiciones de seguridad y logística necesarias” para que el Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte, cuyo mando ejerce John Mechas y que hace parte del Frente 33, se ubique temporalmente en esta zona, y que posteriormente ese modelo se extienda al resto de estructuras del EMBF.

Durante los últimos días, se han desarrollado diversas reuniones entre representantes del Gobierno, asesores jurídicos de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, integrantes de la comunidad internacional y miembros de la Fuerza Pública con el fin de preparar el terreno para la implementación de la ZUT.

Fruto de esos encuentros se conformó un equipo encargado de definir temas logísticos como el acceso a servicios básicos. Este grupo se encuentra ya trabajando en el área donde funcionará la zona. Según fuentes vinculadas al proceso, se evalúan dos ubicaciones: una es la vereda Vetas, cercana a Tibú; la otra, en inmediaciones del espacio territorial de Caño Indio, donde viven firmantes del Acuerdo de Paz.

La segunda opción ha despertado inquietudes entre antiguos integrantes de las FARC. Diego Tovar, miembro del Partido Comunes y del Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), afirmó que “planteamos que de ser cierta esa información, es necesario blindar a la población, pero también a la comunidad firmante”.

Esta advertencia se enmarca en hechos recientes ocurridos en la región, donde al menos seis excombatientes han sido asesinados y otros diez permanecen desaparecidos, presuntamente tras ataques del ELN. La disputa territorial entre esa guerrilla y las disidencias añade un riesgo adicional a la ubicación de la ZUT.

Además, se instaló una comisión evaluadora que tiene previsto reunirse el 15 de mayo para revisar los avances del proceso. Esta comisión es liderada por Fabio Valencia y Gloria Quiceno, ambos integrantes del equipo negociador del Gobierno.

A nivel local, las autoridades se han pronunciado a favor de la iniciativa. El alcalde de Tibú, Richar Javier Claro, expresó: “Como alcalde reconozco profundamente la importancia de construir la paz desde el diálogo territorial... Nuestra comunidad y el municipio de Tibú reciben con esperanza cada anuncio desde el Gobierno Nacional para desescalar el conflicto”.

En la misma línea, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, manifestó: “Esperamos que la ZUT tenga la oportunidad de albergar a los guerrilleros y avanzar a la firma de un Acuerdo de Paz”.

Durante un evento reciente en Tibú, el presidente Gustavo Petro agradeció al Frente 33 por su decisión: “Tengo que agradecerle al Frente 33 que también tenía la oportunidad de coger el dinero traqueteando en otras regiones para vengarse del ELN, sino que acogió el consejo del presidente y decidió no irse a la venganza sino a una ZUT y mostrar un camino de paz”.

Sin embargo, temas fundamentales como la duración de la ZUT, los protocolos de seguridad y el manejo del armamento aún no han sido definidos públicamente. Aunque algunos portavoces han señalado que el funcionamiento ya empezó desde el anuncio, no hay una fecha oficial de inicio.