A la cárcel cuatro personas que habrían hecho millonario robo en una Alcaldía de Norte de Santander

La Fiscalía General de la Nación informó que por petición de ellos, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a cuatro de los presuntos involucrados en un robo informático a la Alcaldía de Cáchira (Norte de Santander), ocurrido el 18, 19, 24 y 25 de abril de 2024.

El ente acusador precisó que se de trata de Hugo Miguel Hazbún Reyes, que habría recibido la mayor cantidad del dinero, Juan Carlos Domínguez Medina, Laura Vanesa Escamilla García y Ruth Marleny Medina Díaz, señalados de prestar sus cuentas personales para recibir los recursos que eran transferidos irregularmente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos imputó a estas personas el delito de hurto por medios informáticos agravado, el cual no fue aceptado”, indicó la Fiscalía.

Además, precisaron que las evidencias recopiladas indican que los imputados se habrían beneficiado de la suplantación al alcalde y a la tesorera de Cáchira, que se logró a través de información privilegiada para acceder a las plataformas virtuales de la entidad bancaria en la que el municipio tenía los dineros del programa ‘Colombia Rural’, creado para financiar la construcción de carreteras veredales.

“Con los datos de los usuarios y las contraseñas, al parecer, se hicieron cinco movimientos bancarios a los imputados, con los que lograron apropiarse de 1.400 millones de pesos”, aseveró el ente acusador.

Recientemente, la Fiscalía también informó que ante las pruebas aportadas en juicio por ellos, una juez penal especializada de Valledupar (Cesar) condenó a 60 años de prisión a Yuberlys Bermúdez Rubiano, Isaías Peña Oliveros y William Castro Torrado por su participación en los hechos violentos ocurridos en Registraduría Municipal de Gamarra el 28 de octubre de 2023, en los que una funcionaria de esa entidad murió y otras seis personas resultaron heridas.

El fallo que los declaró responsables de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, ambas conductas agravadas, e incendio; adicionalmente les impone una multa equivalente a 210 salarios mínimos mensuales legales vigentes y dispone que la pena debe hacerse efectiva en establecimiento carcelario.

“En el curso del proceso se acreditó que, en medio de una manifestación por una decisión electoral que afectaba los intereses políticos de un candidato específico, varios ciudadanos ingresaron violentamente a la sede de la Registraduría de Gamarra y le prendieron fuego”, aseveró el ente acusador.

En ese sentido, se estableció que Isaías Peña Oliveros y su esposa, Yuberlys Bermúdez Rubiano, ocultaron y trasladaron una pimpina de gasolina en un coche de bebé.

Por su parte, William Castro Torrado y otros dos hombres recibieron el combustible que fue utilizado para incendiar el inmueble. Esta acción terminó por ocasionar la muerte a una servidora y generar quemaduras de gravedad a otras seis personas.

“La condena conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley”, precisó la Fiscalía.

Esta condena no es la única relacionada con los hechos violentos ocurridos en Gamarra, debido a que el 1 de mayo de 2025, el ex candidato al Concejo municipal Julio Rojas Marín también fue condenado por su participación en los disturbios.

En este caso, Rojas Marín firmó un preacuerdo con el ente acusador, lo que resultó en una pena de 32 meses de prisión. Durante la investigación, se determinó que el exaspirante formó parte de una movilización ciudadana que protestaba contra un resultado electoral que consideraban desfavorable.

La Fiscalía explicó que, en el desarrollo de esta protesta, un grupo de personas ingresó de manera violenta a la sede de la Registraduría, enfrentándose a los policías que custodiaban el lugar y a otros funcionarios.

Rojas Marín admitió haber golpeado a la registradora municipal y haber destruido documentos, equipos de cómputo y otros bienes de la institución. El exaspirante reconoció de manera libre y voluntaria el delito de violencia contra servidor público.