Portugal cerró definitivamente la puerta a ‘Papá Pitufo’ y dejó en firme su extradición a Colombia

El caso de Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo”, vuelve al centro del escenario judicial y político. El Tribunal Supremo de Justicia de Lisboa rechazó la apelación presentada por la defensa del colombiano, dejando en firme su extradición a Colombia, donde es solicitado por cargos relacionados con contrabando, lavado de activos, corrupción y concierto para delinquir.

Según lo indica el fallo, las autoridades portuguesas concluyeron que se cumplen “todos los requisitos previstos por la ley” para dar vía libre a la entrega de Marín Buitrago. El auto también subraya que la solicitud tramitada por Colombia se ajusta a los compromisos internacionales asumidos por Portugal, por lo cual el proceso de extradición, que llevaba varios meses en pausa, ahora queda en etapa final.

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La única barrera que impide la ejecución inmediata de la entrega es una solicitud de asilo político que Marín presentó en diciembre de 2024. Mientras esta petición no sea resuelta —algo que podría tardar entre 80 y 100 días— la extradición no podrá concretarse.

Marín Buitrago fue capturado el 3 de diciembre de 2024 en Portugal, y su detención fue validada en una audiencia realizada el 3 de febrero de 2025. En ese momento, se opuso abiertamente a ser extraditado y se acogió a la “regla de especialidad”, la cual establece que solo podrá ser juzgado en Colombia por los cargos que sustentan la solicitud de extradición.

El 14 de marzo de 2025, el Tribunal de Apelación de Oporto había dado luz verde al proceso, desestimando los alegatos de la defensa que hablaban de una supuesta persecución política. Ante la insistencia de los abogados de Marín, el caso fue elevado al Tribunal Supremo, que ahora también ratifica la validez del pedido colombiano.

Debido al alto riesgo de fuga, el tribunal decidió mantenerlo bajo detención preventiva y, ante la posibilidad de apelación, extendió su detención por 80 días más.

No obstante, las estrategias judiciales de la defensa han sido múltiples. sus abogados argumentan que la orden de captura ya fue revocada y que la solicitud de extradición carece de fundamento legal. También han insistido en que existe un riesgo real de que Marín sea asesinado si es devuelto a Colombia, donde presuntamente tendría enemigos poderosos.

Un punto clave de la defensa ha sido la nacionalidad española de Marín Buitrago, con la que intentaron frenar su entrega, alegando que enviarlo desde Portugal a Colombia violaría normativas de la Comunidad Europea. No obstante, la Procuraduría General Adjunta de Portugal desestimó todos estos argumentos y dejó claro que no existen razones jurídicas que impidan la extradición.

El caso de “Papá Pitufo” no solo tiene repercusiones judiciales. Su nombre se convirtió en un problema para el gobierno del presidente Gustavo Petro luego de que se revelara que uno de sus asesores habría recibido dinero de Marín para la campaña presidencial de 2022.

Frente a estas denuncias, Petro ordenó la devolución inmediata de los fondos y exigió que el acto de restitución fuera grabado. A esto se sumó la controversia generada por la supuesta reunión entre Marín y el exembajador Armando Benedetti, hecho que encendió nuevas tensiones dentro del Ejecutivo y amplificó la polémica sobre los vínculos entre figuras políticas y estructuras ilegales de financiación.

A la par de los procedimientos en Portugal, el expediente de Marín Buitrago también ha registrado movimientos en Colombia. El 2 de mayo de 2025, el Juzgado 3º Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá emitió una boleta de libertad a su nombre, relacionada con el expediente del proceso por concierto para delinquir.

Según se lee en el documento oficial enviado al Complejo Carcelario La Picota, el motivo de la libertad se fundamenta en lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal, que se refiere a la imposibilidad de mantener la medida de aseguramiento. No obstante, la orden también aclara que están “pendientes por verificar antecedentes”, lo que implica que su situación jurídica aún podría tener nuevas implicaciones.

Por ahora, mientras las autoridades portuguesas resuelven la solicitud de asilo, Colombia espera la llegada del también llamado “zar del contrabando”, un personaje cuya extradición podría tener consecuencias tanto en el ámbito judicial como en el escenario político nacional.