
En medio de tensiones diplomáticas que marcaron el inicio de 2025 y con una relación bilateral aún en ajustes, el Gobierno colombiano optó por sostener, sin interrupciones, un operativo humanitario constante para garantizar el retorno de miles de nacionales desde Estados Unidos. Lo que para algunos podría parecer una crisis migratoria sin mayor eco público, para el Estado colombiano significó asumir una responsabilidad directa con sus ciudadanos en condición de deportación, a través de una compleja logística aérea coordinada con la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).
A la fecha, más de 2.200 personas fueron retornadas al país en un lapso de poco más de tres meses, una cifra significativa que fue revelada el jueves 8 de mayo por la canciller Laura Sarabia durante un encuentro con algunos de los repatriados, en un gesto que buscó no solo informar, sino acompañar. La funcionaria ofreció un almuerzo simbólico a los migrantes que llegaron a Colombia a bordo de estos vuelos especiales, donde reiteró el compromiso de la administración del presidente Gustavo Petro con este proceso.
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Sarabia fue clara en su intervención al declarar, “vamos a seguir enviando los vuelos por los connacionales. Esa es la instrucción del presidente Petro. Hemos hecho malabares financieros”, dijo, reconociendo los desafíos presupuestales que implica sostener esta operación sin pausa. También señaló que, a pesar de las limitaciones económicas, el compromiso con los colombianos en el exterior sigue siendo una prioridad del Gobierno, especialmente en un contexto de creciente número de deportaciones desde Estados Unidos.
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Los vuelos, que despegan de Estados Unidos cada martes y jueves, transportan en promedio a unas 250 personas por semana, lo que traduce un ritmo constante que exige coordinación institucional, logística de recepción y seguimiento. La Fuerza Aérea Colombiana fue encargada de operar los 21 vuelos realizados hasta ahora, canalizando el regreso de los deportados a través de protocolos humanitarios y de seguridad, con el apoyo de entidades como Migración Colombia y Cancillería para garantizar una atención digna y organizada a los retornados.

Aunque no se especificó por cuánto tiempo más continuará esta dinámica, el mensaje del Gobierno es contundente, la repatriación no se detendrá. Al contrario, se evalúan mecanismos adicionales para apoyar la reintegración de los retornados a la vida económica y social del país, un desafío igual de importante que traerlos de vuelta.
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La dolorosa separación de una familia colombiana en Los Ángeles
Luego de 35 años construyendo una vida en Estados Unidos, los colombianos Gladys y Nelson González fueron deportados sin previo aviso, dejando atrás a sus tres hijas ciudadanas estadounidenses en Los Ángeles. La pareja fue detenida el 21 de febrero durante una cita habitual con el ICE, donde, sin explicación previa, les informaron que serían expulsados del país.
Su historia comenzó a complicarse desde 1994, cuando un juez de inmigración emitió una orden de deportación debido a un error en su fecha de ingreso. A pesar de eso, continuaron su vida en el país, trabajando legalmente con permisos renovados y cumpliendo cada año con los controles migratorios. “Siempre supimos que era posible salir, pero jamás imaginamos que sería así”, contó Gladys en entrevista con Los Informantes.
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Un día antes de la deportación, agentes llegaron a su casa con vehículos blindados. Gladys recordó que le pidieron llamar a su esposo para que regresara de inmediato. Horas después, ambos fueron retenidos, separados y trasladados a centros distintos.

Durante el trayecto de regreso a Colombia, pasaron por varios estados recogiendo a más deportados. Gladys subió primero al avión; Nelson la siguió minutos después. La noticia impactó profundamente a sus hijas, quienes se enteraron por una llamada.
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Ya en Colombia, la pareja intenta adaptarse a una nueva realidad que sienten ajena. “Estamos tomando cada día como viene. Sabemos que no podremos volver en al menos diez años, pero no perdemos la esperanza”, expresó Gladys.
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