Yuberlys Bermúdez, Isaías Peña y William Castro fueron condenados en primera instancia a 60 años de prisión por el asesinato de Duperly Arévalo Carrascal, auxiliar de la Registraduría, que murió calcinada en un incendio provocado en la sede de esta institución en el municipio de Gamarra (Cesar), en octubre de 2023.
Además de la pena privativa de libertad, la jueza penal especializada de Valledupar ordenó que los responsables pagar una multa equivalente a 210 salarios mínimos legales vigentes y no podrán ejercer funciones públicas durante 20 años.
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“En el curso del proceso se acreditó que, en medio de una manifestación por una decisión electoral que afectaba los intereses políticos de un candidato específico, varios ciudadanos ingresaron violentamente a la sede de la Registraduría de Gamarra y le prendieron fuego”, se lee en el comunicado emitido por el ente judicial.
El fallo condenatorio, emitido por la jueza encargada del caso, también negó a los acusados la posibilidad de acceder a medidas como la suspensión provisional de la pena o la prisión domiciliaria. Incluso, la solicitud de Yuberlys Bermúdez, que argumentó ser madre cabeza de familia, fue rechazada.
En el comunicado, la Fiscalía detalló cómo actuaron los tres condenados por homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado e incendio ese 28 de octubre de 2023.
“(...) se estableció que Isaías Peña Oliveros y su esposa, Yuberlis Bermúdez Rubiano, ocultaron y trasladaron una pimpina de gasolina en un coche de bebé. Por su parte, William Castro Torrado y otros dos hombres recibieron el combustible que fue utilizado para incendiar el inmueble. Esta acción terminó por ocasionar la muerte a una servidora y generar quemaduras de gravedad a otras seis personas", enfatizó el ente acusador.
Cabe señalar que, otro de los presuntos responsables, identificado como Cristian Yesid Lobo Pacheco, continúa prófugo de la justicia.
Otra condena emitida en el caso del incendio de la Registraduría en Gamarra
Esta condena no es la única relacionada con los hechos violentos ocurridos en Gamarra, debido a que el 1 de mayo de 2025, el ex candidato al Concejo municipal Julio Rojas Marín también fue condenado por su participación en los disturbios.
En este caso, Rojas Marín firmó un preacuerdo con el ente acusador, lo que resultó en una pena de 32 meses de prisión. Durante la investigación, se determinó que el exaspirante formó parte de una movilización ciudadana que protestaba contra un resultado electoral que consideraban desfavorable.
La Fiscalía explicó que, en el desarrollo de esta protesta, un grupo de personas ingresó de manera violenta a la sede de la Registraduría, enfrentándose a los policías que custodiaban el lugar y a otros funcionarios.
“En medio de la movilización, la multitud ingresó violentamente a la sede de la autoridad electoral, y confrontó a los policías que prestaban seguridad y a otros funcionarios”, detalló puntualmente.
En este contexto, Rojas Marín admitió haber golpeado a la registradora municipal y haber destruido documentos, equipos de cómputo y otros bienes de la institución. El exaspirante reconoció de manera libre y voluntaria el delito de violencia contra servidor público.
La muerte de Duperly Arévalo Carrascal dejó un vacío irreparable en su familia. Madre soltera de dos hijos de 13 y 7 años, trabajaba como auxiliar administrativa en la Registraduría desde 2018.
Por el atroz ataque perpetrado, dos mujeres más resultaron gravemente afectadas. Ofelia Patricia Castro Roca, registradora municipal, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado que la mantuvieron 60 días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Santander.
Mientras que Rosenda Contreras, otra auxiliar administrativa, se encuentra en estado vegetativo permanente. Luego de ser dada de alta en Bucaramanga, fue trasladada a Gamarra, donde continúa conectada a un ventilador mecánico, sin mostrar señales de recuperación.
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