La deuda por la opción tarifaria en el sector energético, que supera los $3 billones de pesos y que fue heredada de administraciones anteriores, sigue siendo un tema espinoso para el Gobierno nacional. Así lo reconoció el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, al señalar que la solución al problema no solo pasa por el pago de los compromisos acumulados, también por encontrar salidas estructurales para evitar nuevas crisis en la prestación del servicio. “La deuda por opción tarifaria fue heredada de otros gobiernos (…) este monto fue agregado en la ley de financiamiento, pero esta fue archivada por la clase política tradicional”, enfatizó.
Ante la imposibilidad de ejecutar el plan a través del mecanismo anterior, el Gobierno busca ahora que esos recursos se incluyan en un nuevo proyecto de ley que sería presentado en la próxima legislatura. La intención es clara, lograr respaldo político suficiente para sanear las finanzas del sector energético, especialmente en zonas vulnerables como la región Caribe, donde 1,3 millones de usuarios dependen de Air-e para acceder al servicio.
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La situación de esta empresa de servicios públicos, que atiende a los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, también fue abordada por Palma, que afirmó que desde la Casa de Nariño hay plena disposición para apoyar su rescate financiero. “En particular, lo que se está haciendo desde el Gobierno es tratar de buscar la solución empresarial, que es una tarea que tiene la Superintendencia y que está trabajando en ello, para mirar cuál es el futuro de la empresa o de la forma en cómo debe prestarse la energía eléctrica, que es un servicio público esencial, en tres departamentos”, explicó.
El futuro de Air-e es motivo de preocupación entre autoridades locales y ciudadanos, que reclaman un servicio más estable y tarifas justas. Aunque no es competencia directa del Ministerio de Minas y Energía intervenir en los estados financieros de las compañías, Palma recalcó que existe un esfuerzo interinstitucional para evitar que la empresa colapse. “Ahí hay un trabajo interinstitucional entre la Superintendencia, nosotros hacemos lo que nuestra competencia nos permite, pero también está el Ministerio de Hacienda, la Dirección Nacional de Planeación”.
Sobre los subsidios atrasados, el ministro reconoció que hay esfuerzos en curso para saldar los compromisos con las empresas distribuidoras y comercializadoras, y destacó que el Ministerio de Hacienda está jugando un papel clave en ese proceso. “Estamos haciendo algunos giros en efectivo, otros estamos convirtiéndolos en certificados. El Ministerio de Hacienda está siendo activo en garantizar la caja a las compañías distribuidoras y comercializadoras”, detalló.
El ministro Edwin Palma hizo hincapié en que el manejo de la crisis energética en el Caribe no puede limitarse a un asunto meramente técnico o financiero, sino que debe entenderse como una obligación ética del Estado hacia las comunidades más vulnerables. En este sentido, señaló que el compromiso del Gobierno va más allá de despachar documentos o asistir a reuniones, se trata de reconocer que millones de colombianos dependen de los subsidios para acceder a un servicio tan básico como la energía eléctrica.
“No se trata solo de resolver temas administrativos”, dijo, “sino de cumplir con una responsabilidad social con las comunidades que dependen del subsidio para tener energía”.
Para respaldar este compromiso, Palma destacó la existencia de una mesa de trabajo permanente, en la que confluyen distintos actores del Estado, entre ellos el Ministerio de Hacienda, la Dirección Nacional de Planeación y la Superintendencia de Servicios Públicos. Esta instancia, explicó, no solo funciona como un espacio técnico de coordinación, sino que representa una señal concreta de que hay decisión desde la Presidencia para saldar las deudas pendientes. “Además, hay una mesa permanente que es importante y la expresión de la voluntad política del Presidente de ponernos al día en materia de subsidios”, insistió.
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