La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó este miércoles 7 de mayo a cinco excomandantes del Bloque Caribe de las extintas Farc-EP por su participación directa en 827 secuestros individuales y colectivos cometidos entre 1993 y 2002 en el norte de Colombia.
La decisión, adoptada en el marco del Caso 01, marca un hito en la investigación sobre la política sistemática de privaciones ilegales de la libertad implementada por la guerrilla durante el conflicto armado.
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Los crímenes atribuidos a estos excomandantes ocurrieron principalmente en los departamentos de Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y en la ciudad de Barranquilla, así como en zonas rurales estratégicas como la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá, Montes de María y La Mojana.
La JEP documentó que el Bloque Caribe fue responsable del 15 % de las víctimas reconocidas a nivel nacional por secuestro, lo que representa 4.213 personas afectadas en total.
El tribunal estableció que estos líderes insurgentes no solo impartían órdenes y supervisaban su cumplimiento, sino que también sancionaban a sus subordinados en caso de desobediencia.
Aunque existían normas internas que supuestamente garantizaban un “buen trato” a las personas cautivas, estas fueron sistemáticamente ignoradas, resultando en graves violaciones de derechos humanos como tortura, violencia sexual, desapariciones forzadas y asesinatos.
Entre los imputados en esta nueva resolución se encuentran Abelardo Colorado, alias Solís Almeida; Osmany Landero, conocido como “Hernando González”; Gilberto de Jesús Giraldo, alias Idemar Altamiranda; Luis Cuadras Solórzano, alias Leonardo Guerra; y Uriel Oviedo, conocido como “Manuel Ortiz” o “Mañe”.
Según la JEP, estos excomandantes ejercieron un rol determinante en la implementación de la política de secuestros del Bloque Caribe, que incluyó no solo privaciones de la libertad, sino también homicidios, torturas, tratos crueles, violencia sexual y atentados contra la dignidad personal.
Los principales crímenes del Bloque Caribe
La investigación de la JEP también reveló que, aunque el Secretariado de las Farc-EP había ordenado un “buen trato” hacia los secuestrados, en la práctica esta directriz se limitaba a mantenerlos con vida.
Las condiciones de cautiverio y el trato recibido dependían de la discreción de los guardias, quienes no estaban sujetos a un control efectivo por parte de sus superiores.
En muchos casos, las víctimas fueron sometidas a engaños, presiones psicológicas y violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), como el secuestro de menores de edad y el cobro de dinero por la entrega de cadáveres.
Un caso emblemático documentado por la JEP es el secuestro documentado por la JEP fue el denominado “secuestro de canje”, utilizado inicialmente para exigir la liberación de guerrilleros presos, de acuerdo con El Tiempo.
Entre 1996 y 2002, se registraron 489 casos de miembros de la Fuerza Pública secuestrados con este propósito. Sin embargo, al no obtener los resultados esperados, la guerrilla amplió su objetivo a figuras nacionales de las tres ramas del poder público.
Un ejemplo destacado es el del exministro de Desarrollo Económico Fernando Araújo Perdomo, secuestrado en Cartagena en diciembre del año 2000. Inicialmente retenido con fines extorsivos, su perfil llevó a que fuera considerado “canjeable”.
Aunque su familia recibió una exigencia de cinco millones de dólares por su liberación, Araújo logró escapar en diciembre de 2006 tras seis años de cautiverio, según el medio citado.
Otro caso significativo es el de la exministra de Cultura Consuelo Araújo Noguera, conocida como “La Cacica”. Fue secuestrada el 24 de septiembre de 2001 mientras se dirigía a un evento cultural en el Cesar.
Según los testimonios recogidos por la JEP, el objetivo inicial del secuestro era el entonces gobernador del Cesar, Rafael Bolaños Guerrero, quien no se encontraba en la caravana.
La fuente citada confirmó que al identificar a Araújo, los guerrilleros informaron a sus superiores, quienes ordenaron mantenerla como rehén “canjeable”. Sin embargo, durante un operativo de rescate del Ejército el 29 de septiembre de 2001, un guerrillero la asesinó.
Este crimen no solo impactó profundamente a su familia y al ámbito cultural del Cesar, sino que también generó estigmatización hacia las comunidades indígenas de la Sierra Nevada, acusadas de colaborar con la guerrilla.
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