Seis menores de edad fueron abusados en jardín infantil de San Cristóbal sur: el presunto responsable está libre

La comunidad del barrio Villa Javier, ubicado en la localidad de San Cristóbal en Bogotá, se encuentra en estado de conmoción tras revelarse que al menos seis menores de edad habrían sido víctimas de abuso sexual en el jardín infantil Jardín Canadá Sede F Villa Javier.

Según denuncias de los padres de familia, un funcionario de la institución estaría implicado en los hechos, mientras que las directivas del jardín han sido señaladas por su falta de transparencia y por no brindar información clara sobre el caso. Este silencio institucional incrementó la angustia de las familias afectadas y ha generado una ola de indignación en la comunidad.

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De acuerdo con los testimonios recogidos por los vecinos del sector, la semana pasada (del lunes 28 de abril al viernes 2 de mayo) la comunidad logró retener al presunto agresor y lo entregaron a las autoridades. Sin embargo, el hombre fue liberado el mismo día, lo que ha desatado una fuerte crítica hacia las instituciones encargadas de garantizar la justicia y la protección de los menores. Mientras tanto, más niños del jardín han sido llevados a Medicina Legal para la realización de exámenes médicos, lo que podría indicar que el número de víctimas es mayor al inicialmente reportado.

“Hola buenas tardes. Yo soy ciudadana y habitante de acá del barrio Villa Javier, localidad zona cuarta. Estamos acá cerca de inmediaciones del Jardín Canadá, haciendo una protesta porque hace una semana nos enteramos de que este funcionario ha venido abusando de nuestras niñas y niños en la misma institución y el día de hoy nos dicen que puede ser una confusión. No nos han dado respuesta alguna, pero solo cerraron el instituto temporalmente. Hay más niñas en el hospital, en exámenes, porque no se sabe cuántos vejámenes cumplió. Necesitamos que por favor nos apoyen en una protesta porque quieren dejar esto en la impunidad”, comentó la ciudadana, que sale en el video compartido por la concejala Heidy Sánchez Barreto.

Sobre ese caso, la vocera se pronunció a través de sus redes sociales, destacando la gravedad de los hechos y la falta de respuestas claras por parte de la institución educativa. Sánchez señaló que la comunidad exige justicia, protección para los menores y un acompañamiento institucional efectivo. Además, denunció que las acciones tomadas hasta el momento han sido insuficientes, lo que ha dejado a las familias en un estado de desamparo.

En respuesta a la situación, madres de familia y vecinos organizaron una movilización con el objetivo de cerrar las carreras 7 y 10 como medida de presión. La comunidad hizo un llamado a organizaciones, colectivos y ciudadanos en general para que se unan a la protesta y ayuden a visibilizar este caso, exigiendo que no quede impune y que las instituciones asuman su responsabilidad en la protección de los menores.

“Nos quieren hacer pasar como locas y no podemos aceptar más con nuestros niños que solo nos tengan acá para protestas en vano, sin nada. Apóyennos, por favor. Somos mujeres, hoy pueden ser nuestros niños, hoy pueden ser mi hijo, su hija, un sobrino, un nieto. Por favor colaboren, Necesitamos reunirnos acá a las 4:00 de la tarde para hacer un cierre masivo de la carrera séptima y la décima para que nuestra voz sea escuchada”, añadió la vecina del sector de Villa Javier.

Por ahora, las familias afectadas continúan esperando respuestas y acciones concretas que garanticen justicia y protección para los menores. La comunidad de Villa Javier insiste en que no descansará hasta que se esclarezcan los hechos y se tomen medidas contundentes contra los responsables, tanto del presunto abuso como de la falta de acción institucional.

El caso puso en evidencia lo que los vecinos califican como un abandono institucional, ya que consideran que ni las autoridades educativas ni las judiciales han actuado con la celeridad y contundencia necesarias. La liberación del presunto agresor fue interpretada por la comunidad como un acto de negligencia, lo que intensificó la desconfianza hacia las entidades encargadas de velar por la seguridad de los niños.