
No cesa la incertidumbre frente a la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional, después de que se hiciera pública la versión de la exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz que relacionó dicha votación con supuestos sobornos al entonces presidente del Senado, Iván Name.
De hecho, la exfuncionaria, que hoy permanece en prisión por su presunta participación en el caso de corrupción que involucra a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd), señaló que los 3.000 millones de pesos habrían sido desviados de esa entidad y entregados a Name para garantizar la elección de Fernández como magistrado.
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Incluso, Ortiz presentó chats y pruebas ante la Fiscalía, en los que se incluyen mensajes de Fernández agradeciéndole por su apoyo. Sin embargo, en una entrevista con la revista Cambio, el magistrado negó categóricamente las acusaciones y defendió la legitimidad de su elección.
Ortiz afirmó que en octubre de 2023 organizó una reunión clave entre Fernández, Iván Name, y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González. Según la exconsejera, las fechas de esta reunión coinciden con la supuesta entrega del soborno y la elección de Fernández.

Sin embargo, el magistrado negó cualquier irregularidad y aseguró que su elección fue producto de méritos y de un proceso transparente en el que presentó su hoja de vida y experiencia a los senadores.
En la entrevista, Fernández explicó que su relación con Ortiz fue estrictamente profesional y que los mensajes en los que se refiere a ella como “reina” son expresiones coloquiales de gratitud.
“La conocí cuando ella llegó a la Presidencia de la República como alta consejera para las Regiones. Antes no había tenido ningún trato con ella y mi relación siempre fue muy cordial y dentro del ambiente laboral de la Casa de Nariño”, comentó el magistrado.
También detalló que, como parte de su campaña para ser elegido magistrado, se reunió con diversos senadores y partidos políticos, incluyendo a Name, que es opositor al Gobierno. Según Fernández, la reunión fue gestionada por González y Ortiz como representantes del partido Alianza Verde.
“Yo ya había recorrido casi todo el Senado, pero una de las citas que estaban pendientes era la de Iván Name, un gran opositor al Gobierno. Por tanto, asistí a la reunión en compañía de quienes representaban al Partido Verde adentro, que era el fundador del partido, Carlos Ramón González, y de la que había sido, hasta el periodo anterior, senadora de la República, Sandra Ortiz”, continuó Fernández en el medio nacional.
Ortiz también ha señalado que existen registros de celdas telefónicas que podrían ubicar a Fernández en otras reuniones relacionadas con el escándalo de la Ungrd. Sin embargo, el magistrado negó estas afirmaciones y aseguró que no participó en encuentros donde se discutieran temas ilícitos.

Además, rechazó las acusaciones de que en una reunión en la casa de González se trataron asuntos vinculados al caso. Según Fernández, esa reunión tuvo un propósito personal: discutir un diagnóstico médico adverso que había recibido y buscar orientación sobre una clínica recomendada por González.
“La atención que yo estaba teniendo se realizaba en una clínica donde a él directamente, el año anterior, lo atendieron varios días por una emergencia médica. Yo no había estado nunca en esa clínica y quería, en la eventualidad de este problema, saber cómo actuar y saber si él tenía, por su experiencia, alguna recomendación u orientación de cómo era el tratamiento allí. Le pedí precisamente que me consiguiera esa información y que me ayudara”, señaló el magistrado.
En cuanto a los mensajes de WhatsApp publicados por Ortiz y la revista Semana, Fernández explicó que su agradecimiento hacia Ortiz por informarle sobre la sesión de votación en el Senado fue una reacción natural al avance del proceso. Aseguró que no hubo ninguna irregularidad y que su elección ya estaba prácticamente definida debido al trabajo previo que había realizado con los senadores.
El magistrado también abordó las tensiones que Fernández enfrenta dentro de la Corte Constitucional debido a su cercanía con el presidente Gustavo Petro que lo nominó para el cargo.
Algunos colegas han cuestionado su independencia en decisiones que involucran intereses del Gobierno, como el debate sobre la reforma pensional y una tutela presentada por Petro contra el Consejo de Estado. Fernández defendió su imparcialidad y afirmó que su trabajo en la Corte se rige por la Constitución y no por lealtades políticas.
Otro tema discutido fue la elección de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, en la que Ortiz ha insinuado que Fernández tuvo un papel determinante. Según Ortiz, Camargo tendría una “deuda de gratitud” con Fernández, lo que explicaría su falta de interés en considerar las acusaciones de Ortiz ante la Fiscalía.

Fernández negó cualquier participación en la elección de Camargo y aseguró que la decisión fue completamente autónoma por parte de la Corte Suprema de Justicia.
“La elección fue del fuero interno de la Corte Suprema, que decidió votar de la manera que votó y tomar la decisión que tomó. De mi parte, no tuve ninguna participación ni intervención de ninguna manera”, continuó.
Respecto a las declaraciones de Ortiz, Fernández expresó que entiende la difícil situación que atraviesa la exconsejera, que busca un principio de oportunidad con la Fiscalía.
Sin embargo, negó de manera categórica las acusaciones y afirmó que evaluará posibles acciones legales para defender su nombre y reputación. También destacó la importancia de garantizar la seguridad de Ortiz y su familia, dada la gravedad de las circunstancias.
“Lo que tengo que hacer es tratar precisamente de aclararles a ustedes, de manera categórica y definitiva que, si hay alguna conjetura o situación que se esté promoviendo, la niego de forma vehemente y categórica”, concluyó el magistrado Francisco Fernández.
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