
La Red de Veedurías Ciudadanas presentó una recusación formal contra la fiscal Luz Adriana Camargo, argumentando que existen motivos suficientes para que se aparte del caso relacionado con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
En diálogo con Semana, el abogado defensor de las víctimas de este caso, Pablo Bustos, existen pruebas y testimonios que comprobarían que la actual jefa de la entidad acusatoria no estaría juzgando de forma imparcial, por lo que solicitan el cambio de fiscal ad hoc para la continuidad del proceso judicial.
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“La vinculación procesal de personas que guardan relación directa o indirecta con personas cercanas e integrantes del Gobierno Nacional, que efectuó la imputada Sandra Ortiz, en su calidad de exconsejera presidencial, que denota especial relevancia en su cuestionada postulación a título de ternada, para su elección como tal y con relevancia en tal designación a servidores públicos”, comentó el jurista al citado medio de comunicación.
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Así mismo, Bustos detalló que la relación estrecha entre la actual fiscal general y Vladímir Fernández, hoy magistrado de la Corte Constitucional, podría comprometer la actuación de Camargo en el caso, al recordar que, antes de que fueran nombrados en sus cargos, el togado era secretario jurídico de la Presidencia, mientras que la hoy fiscal había sido ternada por el presidente Gustavo Petro, por lo que consideran una “enemistad grave” por parte de la fiscal hacia algunos de los implicados como Sandra Ortiz.
“La cercanía de la señora Fiscal General de la Nación harían explicable e insólito y, por qué no decir, “caprichoso” el manejo de los principios de oportunidad e instrumentación de la Fiscalía General de la Nación frente al macro caso de corrupción y en particular de los preacuerdos y principios de oportunidad – que son del resorte de responsabilidad funcional directa de la misma fiscal general, pese a los mecanismos de delegación que se hayan sometido formalmente”, manifestó el abogado de las víctimas.
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El nuevo capítulo de uno de los escándalos más grandes que ha tenido el Gobierno de Gustavo Petro tiene como protagonista a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, que denunció posibles irregularidades en la elección de Vladímir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional.
La exfuncionaria intentó colaborar con la Fiscalía ofreciendo información sobre el caso, pero su propuesta de acogerse a un principio de oportunidad fue rechazada, por lo que terminó siendo capturada, imputada y acusada.
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Para Pablo Bustos, la vinculación procesal de personas relacionadas directa o indirectamente con integrantes del Gobierno Nacional podría comprometer la objetividad de la fiscal en este caso.
“La señora fiscal general ha decidido no otorgar el principio de oportunidad sin fundamento objetivo alguno y, en últimas, cerrar el paso a cualquier posibilidad de colaboración con la justicia a la citada exconsejera Sandra Ortiz, pese a que esta - y su defensa técnica- ha expresado públicamente –de manera reciente- su deseo de así efectuarlo“, se lee en la recusación publicada en Semana.
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Además de la fiscal Luz Adriana Camargo, la recusación también va dirigida contra el vice fiscal Gilberto Guerrero. Por ahora, la recusación tendrá que ser resuelta por la misma entidad acusatoria y, en caso de abstenerse, el abogado Bustos señaló que la discusión pasaría a manos de la Corte Suprema de Justicia que finalmente resolverá si se avala o no la solicitud de un fiscal ad hoc para el polémico caso.

Defensa de Vladimir Fernández
Justamente, el magistrado Vladímir Fernández salió a desmentir su posible vínculo con la fiscal para negar el principio de oportunidad para Sandra Ortiz, así como posibles irregularidades en su elección.
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En entrevista con Cambio, el jurista explicó que su relación con la exconsejera presidencial fue netamente profesional y recalcó que sus expresiones utilizadas en algunos mensajes revelados por los medios de comunicación se deben a expresiones coloquiales de gratitud.
“La conocí cuando ella llegó a la Presidencia de la República como alta consejera para las Regiones. Antes no había tenido ningún trato con ella y mi relación siempre fue muy cordial y dentro del ambiente laboral de la Casa de Nariño”, comentó al medio citado.
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El escándalo de la Ungrd ha generado gran atención debido a la magnitud de los recursos involucrados y la presunta participación de figuras políticas de alto nivel. Aunque algunos de los responsables han admitido su culpabilidad, el avance hacia los niveles superiores de la estructura de corrupción parece haberse estancado.
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