Libertad de prensa global atraviesa su peor crisis, según Reporteros Sin Fronteras: así está el panorama periodístico en Colombia

La libertad de prensa atraviesa su momento más crítico desde que Reporteros Sin Fronteras (RSF) comenzó a elaborar su índice mundial en 2002.

En su más reciente informe anual, publicado en el contexto del Día Internacional de la Libertad de Prensa, la organización alerta que, por primera vez en la historia del ranking, la situación global se considera “difícil”.

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Colombia no es la excepción: ocupa el puesto 115 entre 180 países y continúa figurando como uno de los lugares más peligrosos del continente para ejercer el periodismo.

Según el reporte, aunque Colombia subió cuatro posiciones con respecto al año anterior, persisten altos niveles de riesgo para los periodistas, en particular aquellos que cubren temas como el conflicto armado, la corrupción y el medio ambiente.

El informe detalla que quienes se dedican a estas coberturas enfrentan amenazas, acoso judicial, hostigamiento en redes sociales y violencia física.

RSF también advierte sobre un ambiente político ambiguo, donde el presidente Gustavo Petro mantiene un discurso de respaldo a un ecosistema informativo plural, pero al mismo tiempo dirige ataques verbales constantes a medios y periodistas que critican su gestión.

El informe llama la atención sobre el deterioro de las condiciones para el ejercicio del periodismo en regiones apartadas de Colombia, donde el control territorial por parte de grupos armados ilegales, sumado a la debilidad institucional, obstaculiza la labor informativa.

RSF resalta que en departamentos como Arauca, Cauca o Chocó, los reporteros deben operar en contextos de alta vulnerabilidad, lo que ha contribuido a una práctica creciente de la autocensura.

En cuanto al entorno político, la organización observa con preocupación las tensiones entre el gobierno y los medios.

A pesar de manifestaciones públicas a favor de la libertad de expresión, Petro ha acusado a varios medios de manipular la información y ha promovido desde sus cuentas oficiales una narrativa de desconfianza hacia el periodismo tradicional.

Este comportamiento, según RSF, contribuye a erosionar la credibilidad de los medios e incrementa la hostilidad que enfrentan los periodistas en su trabajo diario.

Al igual que en otros países de América Latina, la fragilidad económica de los medios colombianos ha sido un factor clave en el deterioro de su independencia.

La organización señala que 22 de los 26 países de la región han registrado retrocesos en el indicador económico. En Colombia, muchos medios locales han desaparecido o han tenido que reducir sus redacciones, mientras que otros han caído en dinámicas de dependencia financiera de actores políticos o empresariales.

RSF advierte que esta precariedad económica genera un círculo vicioso en el que los medios priorizan los contenidos que garantizan tráfico digital y publicidad por encima de las investigaciones de interés público.

Asimismo, la concentración de la propiedad limita el pluralismo. En el país, los principales grupos de medios están en manos de conglomerados económicos o familiares con intereses en otros sectores, lo que también pone en riesgo la independencia editorial.

La situación en Colombia se inscribe en un escenario continental adverso. Nicaragua figura como el país peor clasificado de América Latina, en el puesto 172, debido a la eliminación sistemática de la prensa independiente bajo el régimen de Daniel Ortega.

Argentina, por su parte, cayó 47 posiciones en dos años y hoy ocupa el lugar 87. En contraste, Uruguay (52) y Costa Rica (23) se mantienen como los países con mejores condiciones para la libertad de prensa en la región.

En términos globales, el informe revela que más de la mitad de la población mundial vive en países donde la libertad de prensa es “muy grave”.

En Colombia, esta tendencia se traduce en una competencia desleal para los medios tradicionales, que no pueden igualar el alcance ni los ingresos publicitarios de las plataformas. A su vez, la falta de regulación efectiva sobre los contenidos difundidos por estas empresas complica la tarea de combatir la desinformación.