Colombia podría cerrar 2025 con un déficit mucho mayor al previsto por el Gobierno, advierte informe del Carf

La economía colombiana enfrenta un reto estructural de gran envergadura, mantener la sostenibilidad fiscal sin sacrificar el gasto público esencial ni romper las metas establecidas por la Regla Fiscal. Un análisis del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) encendió las alarmas en el Congreso de la República, al mostrar que el escenario proyectado por el Gobierno para 2025 resulta más optimista de lo que la realidad permite.

Aunque el Ejecutivo proyectó una reducción del déficit fiscal desde el 6,7% del PIB en 2024 al 5,1% en 2025, las cifras actuales revelan que ese objetivo parece cada vez más difícil de alcanzar. Uno de los principales factores que limitan esta meta es la caída en el recaudo tributario. “El recaudo observado en los primeros meses de 2025 crece solo 6,2% anual, lejos de la meta del Plan Financiero”, advirtió el organismo adscrito al Ministerio de Hacienda.

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Esta brecha entre lo proyectado y lo real complica la sostenibilidad fiscal. De hecho, el Gobierno había estimado que en 2025 ingresaría por vía tributaria un total de $299,9 billones, lo que implicaría un crecimiento del 22,6% frente a 2024. Pero los resultados hasta ahora muestran un crecimiento muy por debajo de esa cifra.

A este panorama se suma una creciente inflexibilidad del gasto. El informe del Carf detalló que entre 2019 y 2024 el gasto público aumentó en 4,6 puntos del PIB, alcanzando un 23,2% del producto interno bruto en 2024. En contraste, los ingresos apenas subieron 0,3 puntos del PIB. Esta diferencia acentúa la dependencia del país frente a ingresos extraordinarios y aumenta la exposición fiscal ante cualquier choque externo o interno.

El análisis también expuso que cerca del 90% del gasto estatal al cierre de 2024 estuvo comprometido con obligaciones consideradas “rígidas”: salud, pensiones, el Sistema General de Participaciones (SGP), el pago de intereses y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Todo ello reduce drásticamente el margen de maniobra del Gobierno para reasignar recursos o responder a situaciones imprevistas.

“La posición de caja cerró en niveles críticos en 2024, con depósitos en el Banco de la República de solo $3,7 billones”, señaló otro de los apartes más preocupantes del informe. Esta cifra, que evidencia una liquidez limitada, refuerza la urgencia de tomar medidas de ajuste en el corto plazo.

Y como si fuera poco, la caída de los precios del petróleo —de USD74,6 por barril en 2024 a USD67,4 en abril de 2025— representa un golpe directo a las arcas públicas. La baja en las proyecciones de utilidades de Ecopetrol compromete una fuente relevante de ingreso para el Estado, obligando a considerar nuevas fuentes de financiamiento o, de lo contrario, a realizar recortes drásticos.

En este sentido, el Carf advierte que para que el país pueda cumplir con la Regla Fiscal en 2025 será necesario aplicar un recorte mínimo de $46,6 billones (equivalente al 2,6% del PIB). En el peor de los escenarios, el ajuste podría ascender hasta los $75 billones, es decir, el 4,1% del PIB.

También preocupa la dinámica macroeconómica general. El informe destacó que la diferencia entre las tasas de interés y el crecimiento económico sigue siendo elevada, lo que impide reducir la deuda a su objetivo legal en el mediano plazo. Es decir, aunque el país intenta contener el déficit, las condiciones estructurales no ayudan.

El uso de reservas en 2024, que alcanzaron los $52,3 billones, si bien ayudó a mantener el gasto corriente, también dejó al Gobierno sin colchón fiscal para enfrentar 2025. Y aunque se decretó un aplazamiento de $12 billones en el gasto público a comienzos de este año, los expertos consideran que estos ajustes son claramente insuficientes.

“El gasto primario sigue en niveles altos, impulsado por presiones presupuestales y el uso de reservas acumuladas”, sostuvo el documento del Carf, dejando claro que el ajuste no puede postergarse más si se quiere mantener la credibilidad fiscal del país.

En definitiva, Colombia se enfrenta a una encrucijada, o logra implementar un plan de recorte riguroso sin afectar áreas críticas como salud o educación, o se verá obligada a acudir a deuda externa o mayores impuestos, en un contexto de bajo crecimiento y desconfianza de los mercados.