
El senador Christian Garcés, integrante de la Comisión Tercera del Senado por el Centro Democrático, reiteró que su partido condicionará cualquier respaldo al proyecto de ley de ajuste y rescate fiscal del Gobierno a una reducción del gasto público. El congresista sostuvo que la prioridad debe ser disminuir los costos de funcionamiento antes de aprobar nuevos tributos que puedan afectar a los hogares y a las empresas.
Según información publicada por Blu Radio, la posición fue ratificada después de una jornada de trabajo de seis horas en la que participaron el expresidente Álvaro Uribe, tributaristas y otros expertos. La colectividad concluyó que el análisis de nuevas cargas fiscales debe estar precedido por un ajuste profundo del presupuesto estatal.
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Garcés señaló que el déficit cercano a 90 billones de pesos planteado por el Gobierno no puede resolverse únicamente con mayores impuestos. A su juicio, el Estado debe revisar primero el crecimiento de los gastos de funcionamiento y la estructura de costos de las distintas entidades públicas.
El senador afirmó que el ajuste no debería limitarse al Gobierno central. Según explicó, el recorte también tendría que incluir órganos de control, la Rama Judicial y el Congreso de la República, entre otras instituciones.
“Centro Democrático lo ha estado diciendo y se mantiene en su posición firme de que aquí debe haber máximo de reducción de funcionamiento”, expresó el congresista.
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Garcés cuestionó además la distribución actual del presupuesto nacional. Según indicó, el 62 % de los recursos se destina a gastos de funcionamiento, mientras que apenas el 14 % corresponde a inversión.
Para el senador, esta composición evidencia la necesidad de revisar la manera en que se distribuyen los recursos públicos antes de aumentar la carga tributaria.

Preocupación por el impacto en los hogares
Otro de los puntos planteados por Garcés está relacionado con los efectos que algunas medidas de la reforma tributaria podrían tener sobre los hogares de ingresos medios.
El congresista se refirió específicamente a la posibilidad de gravar servicios como la medicina prepagada. Aseguró que este tipo de cobros podría representar un incremento importante en los gastos de familias que utilizan estos planes para cubrir no solo al titular, sino también a su pareja, hijos, padres o abuelos.
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“En las personas de altos ingresos porque tienen un salario bueno, hay personas que con la prepagada cubren no solamente su salud, cubren la de la esposa, la de los hijos, la de los papás y hasta los abuelos. Y ahora esas personas, ¿cuánto van a quedar pagando? Un millón más, 1,5 millones más. Y eso no golpea una familia, eso tenemos también que revisarlo”, manifestó.
Garcés también puso en duda la efectividad de la devolución del IVA como mecanismo de compensación social. Según sostuvo, todavía existen cuestionamientos sobre la capacidad operativa del Estado para garantizar que ese beneficio llegue de manera efectiva a la población.
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El senador mencionó como ejemplo las dificultades que podría enfrentar una persona residente en una zona rural para tramitar y recibir esos recursos, especialmente en municipios con problemas de acceso y conectividad.

Centro Democrático descarta una aprobación apresurada
Frente a los tiempos legislativos, Garcés señaló que su partido no plantea un rechazo automático al proyecto, pero insistió en que no respaldará una aprobación acelerada antes del 31 de diciembre.
“A la carrera nosotros no vamos a aprobar algo que afecte el bolsillo de los colombianos o las empresas. Eso no lo vamos a hacer”, afirmó.
El congresista explicó que el Centro Democrático continuará revisando el contenido de la iniciativa y evaluando sus efectos fiscales, económicos y sociales antes de fijar una posición definitiva.
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La bancada mantiene como condición principal una reducción significativa de los gastos de funcionamiento. Para Garcés, ese ajuste debe abarcar al conjunto del Estado y no concentrarse únicamente en el Ejecutivo.
El debate sobre el proyecto se dará en medio de los preparativos para la cumbre de las comisiones económicas en Barranquilla, donde el Gobierno buscará avanzar en la discusión de su propuesta fiscal.
La postura expresada por Garcés anticipa que uno de los principales puntos de discusión será el equilibrio entre la necesidad de aumentar los ingresos públicos y la exigencia de reducir el gasto estatal antes de imponer nuevas cargas tributarias.
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