La Corte Suprema de Justicia habría ordenado libertad para el exsenador del Centro Democrático Ciro Alejandro Ramírez, que se encontraba detenido en la cárcel La Pixcota en medio de una investigación en su contra, por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho, e interés indebido en la celebración de contratos.
La determinación del alto tribunal fue conocida por el medio Semana, que informó que esta se dio en las horas de la mañana del viernes 2 de mayo de 2025
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Según el medio, la orden la dio la Sala de Primera Instancia del alto tribunal, que aclaró que la libertad se hará efectiva siempre y cuando Ramírez no tenga vigente ningún otro requerimiento judicial.
Ciro Ramírez había estado aparentemente envuelto en un polémico entramado de corrupción relacionado con su presunta participación en la manipulación de al menos 15 contratos en los departamentos del Tolima, Quindío y Valle del Cauca, por medio del Departamento de Prosperidad Social, durante el gobierno de Iván Duque. Este caso fue conocido como “Las Marionetas”.
La Corte aclaró que la libertad se hará efectiva siempre y cuando Ramírez no tenga vigente ningún otro requerimiento judicial.
Ramírez fue investigado por supuestamente haber usado su cargo para desviar contratos de entidades públicas a cambio de beneficios indebidos.
A pesar de que sigue vinculado judicialmente, el fallo significa un giro importante en su situación, pues hasta ahora permanecía en condición de detenido preventivo.
La decisión llega casi dos meses después de que, el pasado 6 de marzo, la Procuraduría General de la Nación solicitara a la Corte emitir un fallo condenatorio en su contra.
Ciro Ramírez ha sido una figura destacada del uribismo en el Congreso y uno de los protagonistas del escándalo que involucra a varios dirigentes políticos y funcionarios, señalados de conformar una red para manipular contratos en diversas entidades estatales.
Con su libertad, se reabre el debate sobre las garantías procesales y los tiempos en la resolución de casos de corrupción en el país.
La medida indica, en sus resoluciones: “Por lo tanto, esta Corporación decretará la revocatoria dela medida de aseguramiento impuesta a CIRO ALEJANDRO RAMÍREZ CORTÉS como quiera que en la actualidad resulta innecesaria, dado que ya cumplió con el fin para el cual fue impuesta -evitar la obstrucción al proceso-, por lo que se ordenará i) la libertad del procesado (sic)”, como se lee en el documento.
La Corte resolvió textualmente, a través de la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila:
- 1. “NEGAR la libertad provisional por vencimiento de términos a CIRO ALEJANDRO RAMÍREZ CORTÉS, de conformidad con lo descrito en esta providencia (sic)”
- 2. “REVOCAR la medida de aseguramiento impuesta a CIRO ALEJANDRO RAMÍREZ CORTÉS por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, conforme con las razones consignadas en la parte motiva de esta determinación (sic)”.
- 3. “ORDENAR la libertad inmediata de CIRO ALEJANDRO RAMÍREZ CORTÉS —previa constatación de que no es requerido por otra autoridad— y COMUNICAR esta decisión a las autoridades a las que se haya enterado de las medidas de aseguramiento, previa suscripción de diligencia en la cual se compromete a presentarse ante la autoridad judicial competente cuando así sea requerido con ocasión del presente trámite (sic)”.
- 4. “Contra este proveído proceden los recursos de reposición y apelación, en los términos de los artículos 189 y 191 de la Ley 600 de 2000 (sic)”.
El caso de “Las Marionetas”
De acuerdo con la entidad Transparencia por Colombia, este entramado de corrupción fue conocido luego de que la Fiscalía General de la Nación registrara más de 3.535 llamadas telefónicas de los integrantes del esquema corrupto, en 2022.
En las interacciones, según el informe oficial, “mencionaban temas relacionados con la contratación pública en los departamentos de Caldas, Risaralda, Cauca, Tolima, Valle del Cauca, Chocó, Cundinamarca, Antioquia, Quindío, Putumayo y Boyacá”.
Las modalidades de manipulación fueron varias. Semana consignó que los integrantes lograron enriquecerse a costa de dineros públicos, así:
“Se destacan la coordinación con alcaldes para negociar la entrega de contratos a cambio de una comisión del 10%. Asimismo, la gestión de contratos de prestación de servicios en entidades del Estado a cambio de «una tajada» y de apoyo -con votos- para el entonces senador Mario Castaño“.
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