
El jueves 1° de mayo se conoció que el Consejo de Estado estudiará la demanda con la que se busca la pérdida de investidura del representante a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico David Racero, que es señalado de poner a trabajar a un miembro de su UTL en un minimercado de frutas y verduras, fruver como le llaman popularmente a estos negocios en Colombia.
El alto tribunal analizará si el congresista del oficialismo, y también escudero del presidente de la República, Gustavo Petro, incurrió en la utilización indebida de recursos públicos por esos hechos, según informaron en la emisora La W Radio donde a finales del año el periodista Daniel Coronell dio a conocer esa presunta irregularidad.
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“Los solicitantes aducen que el señor David Ricardo Racero Mayorca dispuso, en enero de 2021, que algunos de los funcionarios vinculados a su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) le colaboraran y atendieran un mercado Fruver en la zona del barrio Villa Luz, en la ciudad de Bogotá D.C., hecho que fue registrado por varios medios de comunicación social”, citaron en el medio radial del auto del Consejo de Estado.
Agregaron que de la de decisión se notificó al movimiento político al que pertenece Racero, que es el mismo que aglutinó en las elecciones presidenciales de 2022 a varias colectividades de izquierda y le permitieron a Petro ser elegido para ocupar el solio de Bolívar.
El congresista tendrá, de esta manera, cinco días hábiles para llevar a cabo la contestación a ese proceso administrativo en su contra, destacaron también en el mencionado medio de comunicación.

El congresista David Racero estuvo en el centro de una polémica el año pasado luego de que se divulgaran unos audios que, presuntamente, lo vinculaban con el presunto abuso de poner a trabajar a integrantes de su UTL en actividades ajenas a sus funciones oficiales. Según informó El Tiempo, uno de los trabajadores de su equipo, identificado como Jhon Leonardo García Lara, habría estado a cargo de un fruver que sería propiedad del representante a la Cámara.
En respuesta a las acusaciones, Racero presentó una solicitud formal ante la Procuraduría General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia para que se investigaran las denuncias en su contra. Sin embargo, los mencionados audios generaron un intenso debate sobre el posible uso de recursos públicos para fines privados.
En uno de ellos se escuchaba, presuntamente, al congresista dando instrucciones específicas a García Lara sobre la administración del fruver y el manejo del dinero destinado a la compra de productos.
“Leonardo, hoy no le entregue, porfa, la plata a don Nelson. Yo ya le entregué una que tenía aquí en el carro, le entregué un millón de pesos para la compra de mañana, porque la idea no es comprar mañana mucho, porque mañana el mercado no es que sea así mucho, es básico. Entonces, digamos, como que él va a estructurar para comprar”, se le oye presuntamente a Racero en una de las grabaciones.
Estas palabras, de ser confirmadas, reforzarían las sospechas de que García Lara estaba desempeñando funciones ajenas a las de su contrato como miembro de la UTL.

Por su parte, García Lara negó trabajar en el fruver y evitó proporcionar mayores detalles sobre el caso.
En declaraciones recogidas en el mencionado diario bogotano, el funcionario afirmó: “No estoy en la obligación de responderles nada”. Esta postura generó aún más interrogantes sobre la relación laboral entre el congresista y su equipo, así como sobre el alcance de las actividades que se les habrían encomendado durante la época de los hechos.
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