Durante una audiencia celebrada en Bogotá el viernes 2 de mayo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció su decisión de renunciar a la prescripción del proceso judicial en su contra.
En su intervención, pidió a la jueza encargada del caso que no aceptara la solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía.
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Uribe argumentó que no tuvo participación en los hechos y que su conocimiento sobre las interceptaciones se dio únicamente a través de los medios de comunicación.
“Ruego a usted no aceptar esta solicitud de preclusión. Me permito renunciar a la prescripción y voy a dar solamente una razón, señora juez. Está probado que yo me enteré de esos temas cuando aparecieron por los medios de comunicación. Nunca tuve participación”, declaró el exmandatario.
La Fiscalía General de la Nación en Colombia solicitó la preclusión de uno de los cuatro delitos imputados al expresidente Álvaro Uribe Vélez en el marco de una investigación que data de 2014.
Este caso está relacionado con las presuntas interceptaciones telefónicas realizadas a los negociadores del acuerdo de paz con las Farc en La Habana, Cuba.
El abogado defensor de Uribe, Jaime Granados Peña, solicitó a la jueza 51 de conocimiento que emita una decisión pronta sobre el caso, argumentando que su cliente ha sufrido las consecuencias de las demoras en el sistema judicial.
Granados enfatizó que, al renunciar a la prescripción, el expresidente ejerce un derecho legítimo, lo que obliga a la continuación del proceso penal. Según el jurista, esta decisión busca un pronunciamiento de fondo que permita evaluar las estrategias legales a seguir.
El caso, conocido como el “escándalo del hacker”, ha sido objeto de atención mediática y judicial durante casi una década.
En su defensa, Uribe ha sostenido que nunca tuvo conocimiento de las actividades ilegales realizadas por Sepúlveda ni de las acciones emprendidas por miembros de la campaña de Zuluaga.
A pesar de esto, las investigaciones iniciales señalaron que el hacker habría sido contactado para ejecutar una campaña de desprestigio contra el proceso de paz, lo que generó una serie de acusaciones que involucraron a varias figuras políticas.
Según informó la Fiscalía, el delito en cuestión es el de acceso abusivo a un sistema informático, y la solicitud se fundamenta en el cumplimiento del plazo legal para continuar con la investigación.
El escándalo del hacker Sepúlveda
El caso de Sepúlveda ha estado rodeado de controversias desde su captura el 6 de mayo de 2014 en una oficina en el norte de Bogotá.
En ese momento, se le acusó de obtener ilegalmente información confidencial de dirigentes políticos, guerrilleros de las Farc y funcionarios del Gobierno Nacional, con el objetivo de sabotear las negociaciones de paz y afectar la imagen del entonces presidente de Colombia.
Según las investigaciones, estas acciones habrían buscado beneficiar al candidato presidencial de la época, Óscar Iván Zuluaga, quien recientemente anunció su precandidatura presidencial por el partido Centro Democrático.
En diciembre de 2020, el juez 22 penal del circuito de Bogotá ordenó la libertad condicional de Sepúlveda tras cumplir tres quintas partes de su condena.
La decisión se basó en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Código Penal colombiano, incluyendo la ausencia de sanciones disciplinarias y un concepto favorable del centro penitenciario La Picota, donde cumplía su pena.
Además, se tuvo en cuenta el apoyo de su padre, Moisés Sepúlveda, para facilitar su reinserción social. No obstante, la libertad condicional está sujeta a un periodo de prueba de 36 meses y 18 días, durante el cual Sepúlveda debe demostrar buen comportamiento.
El proceso judicial que permitió su liberación estuvo marcado por decisiones contradictorias. Cuatro meses antes, el mismo juzgado había revocado un fallo del juzgado 15 de ejecución de penas que negaba la libertad condicional al hacker.
En el documento que ratifica la decisión, se menciona que Sepúlveda no fue condenado por daños y perjuicios, lo que también influyó en la resolución favorable.
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