
A un día de que se lleve a cabo en Bogotá y las principales ciudades del país las movilizaciones convocadas por el presidente de la República, Gustavo Petro, en las que promoverá la realización de la consulta popular para ‘revivir’ la reforma laboral, el ambiente parece caldearse aún más: entre las comunidades indígenas que han salido a expresarse en diferentes entidades del Estado en la capital de la República y los sectores opositores al Gobierno nacional.
Como lo expresó en sus redes sociales la senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, que en sus redes sociales no dudó en calificar a los colectivos indígenas como “prepagos”, en medio de lo que considera, según ella, el silencio “cómplice” del jefe de Estado: que, contrario a cuestionar las conductas que serían contrarias a la protesta social pacífica, no se ha pronunciado sobre el particular; lo que ha alimentado las críticas hacia su gestión.
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“Mientras la Minga prepago bloquea impunemente la Superintendencia de Notariado y Registro en Bogotá, Petro guarda silencio o, peor aún, lo permite. Este desgobierno ha convertido la protesta en licencia para el atropello. ¿Qué pretenden desde el Gobierno?“, expresó Cabal en su mensaje en la red social X, que como era de esperarse, causó revuelo en las plataformas digitales, pues hizo público, una vez más, su descontento con las movilizaciones fomentadas desde la Casa de Nariño.
Y es que desde el domingo 27 de abril, cuando arribaron miles de miembros de las comunidades a las instalaciones de la Universidad Nacional, empezaron los episodios tensionantes en las instalaciones del campus, entre los estudiantes y los integrantes de la guardia, pues se impidió el acceso a diferentes edificios del claustro. A su vez, durante las jornadas del lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de abril, las caravanas se han dirigido a diferentes instalaciones del Ejecutivo, como el Ministerio de Educación y la Agencia Nacional de Tierras, entre otras.

La defensa de Gustavo Petro a la minga indígena
Es preciso decir que en su red social favorita, el primer mandatario de los colombianos expresó su respaldo a la presencia de los miembros de los diferentes cabildos y asociaciones, como el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) no solo en las instalaciones de la Universidad Nacional, sino además en las calles de Bogotá, pues en su concepto tienen el derecho a movilizarse por sus luchas sociales.
“Los indígenas no son obstáculo al conocimiento, al contrario, hay que ser nulo de razón, para no saber que la fuente del conocimiento del mundo está en los saberes ancestrales. Pareciera que los que discriman (sic) a los indígenas gritaran como en la universidad de Salamanca ‘¡Muera la Inteligencia!’“, expresó el gobernante el lunes 28 de abril en la red social X, en respuesta a los señalamientos que se quejaban de la invasión de los indígenas a las instalaciones del centro universitario.

Como parte de esta controversia, se han revelado los contratos que diferentes entidades del Estado le han entregado a asociaciones como el Cric y la Onic. De acuerdo con lo registrado por El Tiempo, los contratos entregados en lo que va de esta administración a ambas organizaciones sobrepasan los $405.000 millones, según está consignado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop).
En total, el referido medio indica que en los 32 meses que han transcurrido del Gobierno Petro han suscrito 96 contratos; es decir, en promedio, tres por mes, por lo que el apoyo de estos grupos al Ejecutivo ha levantado sospechas, pues han sido señalados de condicionar su apoyo a cambio de más recursos; afirmación que se han encargado de desmentir de manera categórica.
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