
El 29 de abril, el presidente Gustavo Petro arremetió contra los personajes más ricos del país. Exactamente, contra David Vélez, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Jaime Gilinski y Beatriz Dávila de Santo Domingo. Esto, de acuerdo con él, porque se opusieron a la reforma tributaria de 2024.
Exactamente, por medio de X, el mandatario, al citar una nota de Forbes, señaló que los ricos más ricos de Colombia pasaron sus fortunas de USD22.000 millones USD35.000 millones entre 2023 y 2024, pero al proponérseles una reforma tributaria que permita que una parte pequeña de esas utilidades resuelva el déficit fiscal, los ha llevado al insulto permanente al presidente de la república, en los medios de los que son propietarios.
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“Son desagradecidos con Colombia, no saben que esa nueva riqueza se sostiene es logrando una sociedad más rica y más justa. Rechazaron el acuerdo nacional y se dedicaron a sabotear las reformas sociales”, escribió.

Ahora, solo un día después de la crítica, desde el Gobierno se anunció que se prepara para presentar al Congreso de la República una nueva reforma tributaria o ley de financiamiento.
Qué buscará la nueva reforma tributaria
La iniciativa pretende corregir la contribución de ciertos sectores económicos al equilibrio de las finanzas públicas. Esto, luego de que la corporación rechazó la presentada en diciembre de 2024, con la que se pretendía recaudar, en principio, hasta $12 billones, pero luego se redujo a un poco más de $9 billones.
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De acuerdo con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, la nueva norma buscará garantizar que varios sectores de la economía aporten de manera adecuada, con el ajuste de sus obligaciones tributarias. “Creemos que deben hacerlo, hay que hacerles un ajuste necesario”, afirmó el funcionario tras la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República del 30 de abril en la que se estableció una reducción de 25 puntos básicos de la tasa de interés y esta ahora es de 9,25%.
Ávila aseguró que esta propuesta será presentada “muy pronto” como parte de un paquete más amplio de medidas diseñadas para trabajar en los ingresos, el gasto y el endeudamiento del país. Esto, teniendo en cuenta que el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2025 está desfinanciado, pese a ser el más alto de la historia ($523 billones), y teniendo en cuenta que al Gobierno, como en 2024, le tocará hacer un nuevo recorte para cumplir con la regla fiscal, norma que establece que el límite de deuda es igual a 71% del Producto Interno Bruto -PIB- y el ancla de deuda es igual a 55% del PIB,
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“Hay un paquete de herramientas con el cual vamos a actuar, tanto en el campo del gasto, como en el campo de los ingresos y del endeudamiento”, declaró. La reforma se considera muy importante para afrontar las actuales presiones fiscales y optimizar la ejecución presupuestal.
Ajustes al gasto público
El plan también incluye ajustes en el gasto público mediante una estrategia que será estructurada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), que debe ser desarrollado y aprobado para mediados de junio.
Al respecto, el ministro anotó: “Estamos estudiando algunos ajustes, sobre todo garantizando una buena ejecución del gasto. Creemos que hay que hacer los ajustes indicados y necesarios en los gastos de poca eficacia”. También enfatizó que estos cambios se enfocarán en áreas donde los recursos permanecen inactivos o donde, según sus palabras, “no tienen el impacto social y económico que esperamos”.
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Cuánto se recaudará
Otra medida que se incluye en el paquete económico del Gobierno es el anticipo del impuesto de renta. De igual manera, anticipó que, de implementarse, este recaudo podría oscilar entre los $6 y $6,5 billones.
“Es una cifra mucho menor a la que se presentó en el 2024 y está calibrada en función de unos sectores muy específicos”, explicó. Asimismo, resaltó que la medida será clave para obtener recursos inmediatos en medio de las necesidades fiscales actuales.
Así las cosas, en un momento donde las prioridades del Gobierno incluyen incrementar la recaudación y mejorar el uso de los recursos públicos, el este indica que busca asegurar una mejor asignación del gasto, evitando ineficiencias y apoyando políticas con impacto positivo directo. Germán
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Ávila confirmó la intención de revisar a fondo áreas con menor efectividad en términos de resultados sociales y económicos, priorizando la optimización de los fondos públicos.
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