Flip logra que la Corte Constitucional estudie tutela contra el presidente Petro para “respaldar la labor de la prensa”

La Corte Constitucional anunció que revisará una acción de tutela presentada por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y el medio de comunicación El Veinte contra el presidente Gustavo Petro, de acuerdo con la misma organización que hace seguimiento a las violaciones contra la independencia periodistica.

Esta decisión abre un nuevo episodio en la relación entre el jefe de Estado y los medios de comunicación en Colombia, luego de una serie de pronunciamientos y controversias relacionadas con la libertad de prensa y la responsabilidad de los funcionarios públicos frente a los derechos fundamentales.

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El caso que será objeto de estudio por parte del alto tribunal se remonta a septiembre de 2024, cuando la Flip radicó una tutela en la que solicitó protección judicial frente a lo que consideró un patrón reiterado de declaraciones estigmatizantes por parte del presidente hacia periodistas, especialmente mujeres.

Según la organización, estas expresiones vulneran derechos constitucionales y afectan la garantía del ejercicio libre del periodismo en el país.

A través de su cuenta en la red social X, la fundación confirmó la noticia con el siguiente mensaje: “Valoramos positivamente la decisión de la Corte Constitucional de revisar la tutela que presentamos junto a El Veinte contra el presidente Gustavo Petro por sus reiteradas expresiones estigmatizantes hacia la prensa, en particular contra mujeres periodistas”.

La tutela en cuestión se basa en cuatro argumentos fundamentales. Primero, señala que las declaraciones del presidente Gustavo Petro tienen un carácter estigmatizante y pueden poner en riesgo tanto la seguridad como la labor de los periodistas.

Segundo, se argumenta que como jefe de Estado, el presidente tiene la obligación constitucional de tolerar expresiones críticas o que puedan resultarle incómodas, especialmente en el marco del control social ejercido por los medios de comunicación.

El tercer punto planteado en la acción judicial hace referencia al deber de los funcionarios públicos de garantizar el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión, lo que incluye abstenerse de emitir discursos que puedan afectar la credibilidad o el trabajo de los periodistas.

Finalmente, destaca la protección reforzada que la Constitución Política otorga a los periodistas en el ejercicio de su labor, entendida como una garantía esencial para el funcionamiento de la democracia.

La Flip resaltó la relevancia de que este caso sea revisado por la Corte Constitucional, al considerar que la situación actual requiere un pronunciamiento de fondo que fije criterios claros frente al tipo de discurso que puede o no utilizar un funcionario público frente a los medios.

En su comunicado, la fundación manifestó su rechazo a las situaciones de violencia dirigidas hacia las comunicadoras por parte del mandatario y destacó que “las mujeres periodistas enfrentan riesgos diferenciados en el ejercicio de su labor respecto a sus colegas hombres”.

“La selección de esta tutela es importante porque el presidente aún insiste en mantener un discurso de estigmatización contra la prensa, incluso después de la firma de la Directiva 07 de septiembre de 2024, que busca promover una interacción ética y respetuosa entre funcionarios y prensa”, agregó la Flip en otra públicación de la misma red social, en su hilo.

Cabe recordar que, esta decisión se conoce poco después de que el Consejo de Estado decidiera archivar otra tutela que había sido interpuesta contra el presidente por el abogado Germán Calderón España y un grupo de 17 mujeres.

En ese caso, se alegaba que el mandatario incurrió en actos de discriminación al referirse a un grupo de periodistas colombianas como “muñecas de la mafia”. El alto tribunal consideró que no se cumplían los requisitos de procedibilidad para admitir el recurso, cerrando así ese capítulo judicial.

No obstante, la nueva tutela seleccionada por la Corte Constitucional podría tener un alcance más amplio, dado que no se centra en un solo episodio, sino en lo que se calificó como una conducta sistemática del mandatario.