Familia de joven que mató a su madre en Valle del Cauca denunció negligencia médica en salud mental: “Estaba enfermo”

El asesinato de Paola Andrea Rivera, una mujer de 41 años, a manos de su hijo, Kevin Eduardo Salcedo Lopera, de apenas 18, ha desatado no solo conmoción en la comunidad del corregimiento de Tablones, sino también denuncias por parte de la familia del joven, quienes aseguran que Kevin padece de una enfermedad mental que nunca fue tratada adecuadamente.

La tragedia ocurrió el 6 de febrero en Palmira, Valle del Cauca y, según la investigación liderada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, el joven atacó a su madre con un machete tras una fuerte discusión en la vivienda que compartían.

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El cuerpo sin vida de la mujer fue hallado por las autoridades luego de que vecinos alertaran sobre el hecho. Kevin huyó del lugar, pero fue capturado tres días después, el 9 de febrero, y posteriormente judicializado por el delito de homicidio agravado, el cual aceptó durante la audiencia.

A pesar de la gravedad del hecho, la familia de Kevin insiste en que el joven no actuó de manera consciente, sino bajo los efectos de una enfermedad mental que nunca recibió tratamiento adecuado. Miriam Rivera, abuela del joven y madre de la víctima, reveló que Kevin comenzó a manifestar síntomas preocupantes desde su adolescencia: “En la cabeza, le dijeron que era un tumor”, relató al programa Séptimo Día, explicando que los médicos solo le recetaban acetaminofén y lo enviaban a casa, sin exámenes más profundos ni seguimiento especializado.

La tía del joven también dio detalles sobre su comportamiento: “Él a veces usted lo ve bien, usted le está hablando y es ‘¿Ah? Sí, tía’, y habla como incoherencias”. Además de los episodios de confusión, Kevin mostraba actitudes agresivas hacia su madre y dificultad para seguir indicaciones.

El deterioro de su salud mental se acentuó tras su paso por el servicio militar, donde incluso fue acusado por la Fiscalía Penal Militar del delito de ataque a superior y licenciado del Ejército por alteraciones mentales.

La prima del joven, Evelyn, sostiene que el hecho no define su verdadera personalidad: “Para mí Kevin no es un asesino, no lo es porque si él no tuviera el problema de su cabeza, de su tumor, de pronto él nunca lo hubiera hecho”. El padre del joven, Edward Smith, también se pronunció con contundencia: “Yo estoy seguro de que no. Y él está siendo afectado por los problemas que él tiene en la cabeza”, dijo al medio citado.

La familia no solo cuestiona la falta de diagnóstico oportuno, sino también la demora y la presunta negligencia por parte de la EPS Salud Total. Según Edward Smith, el neurólogo solicitó un examen especializado para su hijo, pero las citas eran agendadas cada cinco o seis meses. “Nunca se le pudo hacer lo que realmente él necesita”, reclamó con indignación.

Aunque Jorge Tamayo, presidente de la EPS, respondió al programa Séptimo Día asegurando que Kevin se encuentra desafiliado desde junio de 2024, la familia argumenta que esa no es una justificación válida, pues la desatención venía de años atrás.

Mientras tanto, Kevin permanece recluido en la estación de Policía La Floresta, en Cali. Sin embargo, la Personería de Palmira ha solicitado su traslado a un centro de detención donde se le garantice atención médica adecuada.

Familiares de pacientes con esquizofrenia exigen manejo responsable de la información y atención en salud mental

Frente a este panorama, la Asociación Colombiana de Personas con Esquizofrenia y sus Familias (Acpef) emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por el enfoque mediático del caso y, sobre todo, por las deficiencias estructurales en la atención a la salud mental en Colombia.

El documento firmado por su presidenta, Gloria Nieto de Cano, cuestionó el uso de algunos medios con “lenguaje e imágenes que vulneran la dignidad de las personas y sus familias”, afirmando que se incurre en la revictimización de los involucrados.

Asimismo, el pronunciamiento enfatiza que “la falta de acceso a un tratamiento integral, sumada al estigma social, agrava las condiciones de las personas afectadas”, lo cual se evidencia en los casos como el de Kevin, donde las consecuencias de la desatención médica recaen sobre las víctimas y sus familias.

La Acpef también fue enfática en señalar que los profesionales de la salud enfrentan obstáculos institucionales para brindar una atención completa y oportuna. “Históricamente, las políticas públicas y las normas en materia de salud mental no se han cumplido, trasladando la carga de la responsabilidad a las víctimas, sus familias y al personal de salud”.

Finalmente, la organización hizo un llamado urgente a garantizar el acceso a tratamientos integrales y a erradicar el estigma institucional: “Exigimos el cumplimiento de los derechos humanos de las personas afectadas, el respeto a su dignidad en los medios de comunicación y el efectivo acceso a los tratamientos integrales establecidos en la ley”.