La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso sanciones económicas por más de 7.000 millones de pesos colombianos a seis empresas y diez personas naturales en el departamento de Caldas por prácticas restrictivas de la competencia en el mercado de subproductos derivados del sacrificio animal.
Entre las compañías sancionadas se encuentra Prosan, actualmente en proceso de liquidación, que firmó acuerdos con sus competidores para limitar la adquisición y comercialización de dichos subproductos.
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De acuerdo con la SIC, Prosan celebró contratos con diversas empresas competidoras en los que estas se comprometieron a no participar en el mercado de adquisición de subproductos en varios municipios de Caldas. Además, dichas empresas acordaron adquirir los subproductos exclusivamente, o en forma predominante, a través de Prosan.
La entidad indicó que, como parte del convenio, los competidores recibieron una contraprestación económica por abstenerse de competir en el mercado. “Estos acuerdos limitaron de manera directa la competencia”, afirmó la Superintendencia en un comunicado.
La investigación también reveló que Prosan aprovechó su control indirecto sobre Frigocentro, la Central de Sacrificio de Manizales, para presionar a las empresas competidoras a firmar los contratos restrictivos. Según la SIC, esta influencia se utilizó como mecanismo clave para consolidar dichos acuerdos anticompetitivos. Entre las competidoras implicadas por la entidad están Salvador Giraldo López Sucesores (Surtipiel), Agropecuaria San Fernando (actualmente Sanimax) y Charry Trading.
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Tras la decisión de Prosan de entrar en proceso de liquidación, su rol en el sistema anticompetitivo fue asumido por otra compañía, Cercaldas, según informó la SIC. Aunque se trataba de entidades jurídicas diferentes, la Superintendencia identificó que Cercaldas continuó las mismas actividades de Prosan, manteniendo su estructura directiva e interacciones con las demás personas investigadas.
“Se evidenció que Cercaldas simplemente reemplazó en sus actividades a Prosan”, señaló la SuperIndustria en el comunicado. Este cambio permitió que el sistema anticompetitivo permaneciera vigente, afectando la estructura de mercado en el sector.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) explicó que la empresa Prosan estructuró e implementó un modelo exclusivo de distribución que le permitió controlar de forma significativa el mercado de subproductos. A través de este sistema, la compañía concentró la compra de dichos productos y restringió su comercialización, generando una especie de monopolio que redujo sustancialmente la competencia directa entre las empresas del sector.
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De acuerdo con el comunicado oficial de la entidad reguladora, esta estrategia no solo afectó el equilibrio del mercado, sino que también perjudicó de manera directa a los consumidores, quienes vieron limitada su capacidad de elegir entre diferentes opciones.
La reducción de competidores trajo consigo una disminución en la variedad de productos disponibles, así como un posible encarecimiento de los mismos, privando al consumidor de los beneficios esenciales de un mercado libre, como son mejores precios y mayor calidad. “Todo acuerdo cuya finalidad sea reducir el número de competidores priva a los consumidores de los beneficios de un mercado libre”, señaló enfáticamente la SIC.
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El organismo también destacó que estas prácticas anticompetitivas fueron replicadas posteriormente por la empresa Cercaldas, que continuó con el esquema originalmente diseñado por Prosan. Este modelo no solo generó un entorno desfavorable para los consumidores, sino que también impactó negativamente a los productores, quienes dependían de un mercado abierto y justo para competir en igualdad de condiciones. El cierre de oportunidades para nuevos participantes y la imposición de barreras en la distribución de subproductos afectaron la dinámica de todo el ecosistema económico relacionado con el sector.
Con base en los hallazgos, la Superintendencia impuso sanciones con el objetivo de no solo castigar las infracciones cometidas, sino también enviar un mensaje claro sobre la importancia de respetar las normas de libre competencia. Estas medidas buscan disuadir la instauración de acuerdos similares en el futuro y sientan un precedente en la regulación de mercados estratégicos, reforzando el compromiso del Estado con la protección del consumidor y el funcionamiento sano de la economía.
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