Piden condenar a altos mandos militares por caso de desaparecido en la toma del Palacio de Justicia

La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Suprema de Justicia que condene al general (r) Iván Ramírez Quintero y al coronel (r) Fernando Blanco Gómez como coautores impropios del delito de desaparición forzada del administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, Carlos Augusto Rodríguez Vera.

El pronunciamiento fue entregado mediante concepto del procurador segundo delegado para la Casación Penal, Jaime Gutiérrez Millán, con fecha del 10 de abril de 2025.

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Este pronunciamiento responde al recurso extraordinario de casación presentado por los apoderados de la parte civil, tras la confirmación parcial del fallo que en 2011 absolvió a los oficiales retirados del Ejército, decisión que fue ratificada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en junio de 2024. La Procuraduría considera que existen elementos suficientes para revocar esa absolución y emitir una sentencia condenatoria.

El papel de Ramírez y Blanco en la desaparición

Carlos Augusto Rodríguez Vera fue uno de los 12 desaparecidos durante los trágicos hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando el grupo guerrillero M-19 tomó por asalto el Palacio de Justicia en Bogotá y, posteriormente, el Ejército lideró una operación militar para su retoma. Rodríguez Vera, que era el administrador de la cafetería, fue visto saliendo del edificio. Según registros de video, fue trasladado al Museo Casa del Florero, lugar donde desapareció sin dejar rastro.

La Procuraduría argumenta que la desaparición forzada de Rodríguez Vera fue producto de un acuerdo común entre los miembros del Comando de Inteligencia Conjunto (Coici), encabezado en ese momento por Ramírez Quintero y secundado por Blanco Gómez.

“Fue por cuenta de los miembros del Coici, a cargo del Mayor General (R) Ramírez Quintero y del Coronel (R) Blanco Gómez, que quedaron las personas que luego de haber sido sacadas con vida del Palacio de Justicia, fueron trasladadas al Museo Casa del Florero, en lugar y en un día a partir de los cuales la existencia de Carlos Augusto Rodríguez Vera se convierte en una absoluta indefinición”, se lee en el auto del Ministerio Público.

Además, se destaca la declaración de María del Carmen Castro de Patiño, que trabajaba en servicios generales del Palacio de Justicia y conocía personalmente a Rodríguez. Al ser confrontada con grabaciones en video, Castro identificó plenamente a Carlos Augusto saliendo con vida del edificio, y expresó con certeza: “Es don Carlos, estoy segura y tiene parecido con el que vi que estaban entrevistando”.

Un crimen que no prescribe

La desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez fue reconocida por el propio Estado colombiano como una responsabilidad suya ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta decisión reforzó la lucha de las familias de los desaparecidos por obtener verdad y justicia.

La Procuraduría sostiene que no pueden aceptarse hipótesis sin sustento probatorio que desvinculen a los procesados de los hechos. En el documento enviado al alto tribunal se afirma que las alegaciones de inocencia de Ramírez y Blanco, “devienen absolutamente descartadas por la fuerza probatoria de los elementos que los comprometen, al punto de poder pregonarse la demostración plena de sus responsabilidades”.

También se recuerda que la Corte Suprema tiene competencia para “casar el fallo materia de impugnación y dictar uno de reemplazo”, lo cual permitiría finalmente la condena de los dos oficiales retirados como coautores de este crimen, que por su carácter de lesa humanidad no prescribe.

Una herida abierta desde hace casi 40 años

La toma y retoma del Palacio de Justicia dejó un saldo de 111 muertos y 12 desaparecidos. Entre estos últimos se encuentran empleados, visitantes y trabajadores como Carlos Augusto Rodríguez, cuya familia no ha dejado de exigir respuestas sobre su paradero y el papel del Estado en su desaparición.

El Centro Nacional de Memoria Histórica ha documentado ampliamente este episodio como uno de los más graves en la historia de violaciones a los derechos humanos en Colombia. En ese marco, la petición de la Procuraduría representa un paso crucial hacia la reparación simbólica, jurídica y social de quienes han luchado por justicia durante casi cuatro décadas.

La Corte Suprema de Justicia deberá ahora decidir si acoge el concepto del Ministerio Público y revoca las absoluciones emitidas previamente, en un proceso que podría sentar un precedente importante en la rendición de cuentas de altos mandos militares por su papel en crímenes de Estado.

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