Un nuevo conflicto surgió entre el Gobierno nacional y el sector transportador de Colombia debido a la propuesta del Ministerio de Hacienda que busca aumentar la tarifa de autorretención en la fuente para el transporte terrestre intermunicipal de pasajeros. Según un borrador de decreto divulgado recientemente, la tarifa, actualmente del 1,1%, podría triplicarse hasta llegar al 3,5%. El planteamiento generó un fuerte rechazo del gremio, que advierte sobre las graves consecuencias económicas y operativas que enfrentaría el sector.
Los empresarios califican el ajuste como “devastador” para una industria que ya se enfrenta a altos costos operativos y márgenes de rentabilidad que son, en palabras del gremio, limitados. “Sería un golpe muy fuerte a la estructura financiera de un sector clave para la economía nacional y un ataque directo a la sostenibilidad de nuestras empresas” , manifestaron por medio de un comunicado oficial.
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El impacto previsto de la medida no se limita únicamente al transporte intermunicipal de pasajeros, ya que también afectaría a otros actores del sector logístico, que incluye empresas de carga, almacenamiento y mensajería. Los empresarios alertaron que, si la tarifa se incrementa, vendrán serias dificultades para mantener flujos de caja saludables, lo que podría provocar problemas de liquidez y desempleo en un gremio que sostiene una parte importante del tejido empresarial del país.
No más cargas
Según la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt), “este sector no soporta más cargas” económicas, por lo que ajustes fiscales de esta magnitud podrían ser insostenibles.
Además, la asociación señaló que este aumento podrá frenar las inversiones clave que el sector tenía previstas para 2025. Esto incluye proyectos tan críticos como la renovación de flotas, mejoras en infraestructura y la generación de empleo formal.
“El país necesita medidas responsables y sostenibles, no decisiones unilaterales que ahogan a las empresas formales y frenan la inversión”, enfatizaron representantes del gremio en las declaraciones.
Estabilidad del mercado laboral
Por otra parte, los empresarios advirtieron que la propuesta amenaza la estabilidad del mercado laboral en el sector, por lo que destacaron que el mismo ya opera bajo presión debido a los costos crecientes en combustibles, mantenimiento y exigencias regulatorias.
Según quienes integran la Aditt, imponer un tributo más alto a su actividad podría comprometer la operatividad de muchas empresas, lo que afectaría de manera directa la logística nacional: “Un aumento abrupto de la carga tributaria comprometería la operatividad de muchas empresas y afectaría directamente al crecimiento económico del país”.
A raíz de este panorama, el gremio pidió al Gobierno que detenga cualquier avance en torno al decreto y que, en lugar de ello, promueva un diálogo abierto con los sectores productivos. Reiteraron su negativa de manera categórica a aceptar medidas de índole unilateral que podrían desencadenar una crisis económica y social en el gremio. Exigen alternativas viables y un enfoque más equilibrado que permita preservar la estabilidad financiera y operativa de la industria.
Revisión de la medida
Mientras la propuesta se analiza en el Ministerio de Hacienda , los miembros del sector transportador intensificaron las alertas sobre una potencial afectación masiva de empleos y sobre el “desaceleramiento” de proyectos que son esenciales para garantizar la conectividad nacional.
En el comunicado, los dirigentes insisten en que el Ejecutivo debe “revisar la medida antes de tomar una decisión que pueda generar serias repercusiones”.
La negociación, aunque aún sigue, ya generó un clima de incertidumbre importante entre los actores principales de este sector esencial para la economía colombiana. Empresarios, gremios y trabajadores piden que se contemple el impacto real que estas decisiones puedan tener en un contexto de recuperación económica pospandemia del covid-19.
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