Luego de los señalamientos del presidente Gustavo Petro a la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, su partido, el Centro Democrático, inició las primeras acciones jurídicas en este caso: en el que el primer mandatario vinculó, al parecer sin pruebas, a la congresista con una supuesta red de perfiles falsos en redes sociales, que estarían amenazando de muertes a miembros del Gobierno.
La denuncia fue formalizada a través de una carta enviada al presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) por el exrepresentante a la Cámara Gabriel Vallejo Chujfi, que funge como director del partido. Y que expresó la voluntad de esta colectividad de apoyar a la congresista vallecaucana de 61 años, de la que Petro hizo graves aseveraciones sobre la supuesta participación de la mujer en esta estructura.
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En el documento, el Centro Democrático presentó una acción de protección de los derechos de la oposición, argumentando que las acusaciones de Petro vulneran el derecho de los opositores políticos a actuar sin estigmatización ni violencia política de género. En su misiva, Vallejo reiteró que el partido no puede tolerar que se utilicen los medios para atacar de manera infundada a los opositores.
“Me dirijo comedidamente ante su despacho, invocando los artículos 40 y 112 de la Constitución Política de 1991, reglamentados por la Ley 1909 de 2018, para instaurar acción de protección de los derechos de la oposición en contra de Gustavo Petro Urrego, presidente de la República de Colombia”, expresó el dirigente del Centro Democrático, en relación con este caso, que desató una fuerte controversia.
Los argumentos del Centro Democrático para instar al presidente Gustavo Petro
El dirigente del partido, que reemplazó a Nubia Stella Ramírez, agregó que la actitud del jefe de Estado “vulnera los derechos fundamentales a la oposición política, al violar el derecho de ejercer la oposición sin estigmatización ni violencia política de género”. E hizo énfasis en que estas acciones no solo afectan a la senadora Cabal, sino que establecen un precedente peligroso para las mujeres en política.
“Lo que estamos viviendo es un ataque sistemático que no solo amenaza los derechos de la senadora María Fernanda Cabal, sino de todas las mujeres que están ejerciendo un papel activo en la política”, remarcó Vallejo en su comunicación formal al titular del CNE, el también excongresista Álvaro Hernán Prada, que es de filiación del Centro Democrático, y que ha sido objeto de acusaciones de Petro.
La misiva, según reveló Vallejo Chujfi, también incluye una denuncia penal contra Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. En ella, el partido solicita al CNE que se declare que el presidente, al hacer una publicación en la red social X, vulneró los derechos de Cabal y constituyó una forma de violencia simbólica y moral contra Cabal.
Esta acusación estaría basada en el hecho de que la publicación, sin evidencia, vincula a la senadora con actividades criminales; en especial con las acciones que ha tenido en esta plataforma digital: @Lykanista, con la que el primer mandatario de los colombianos tiene casada una pelea mediática, en la que ha involucrado a los entes de investigación como la Fiscalía General de la Nación.
¿Cuáles son las pretensiones del Centro Democrático?
- Que se declare la vulneración de derechos de la oposición por parte del presidente Gustavo Petro al hacer la mencionada publicación, en la red social X.
- Que dicha acción se considere una forma de violencia simbólica y moral contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos.
- Que el presidente rectifique públicamente, a través del mismo medio en el que hizo la acusación, y reconozca la falta de pruebas que vinculen a Cabal con grupos criminales.
- Que se exhorte al presidente a abstenerse de hacer futuros pronunciamientos públicos que puedan estigmatizar a la oposición, especialmente a las mujeres en cargos políticos.
- Que se adopten medidas para prevenir la violencia política de género, entre ellas la capacitación de funcionarios del Ejecutivo.
- Que se oficie a la Procuraduría General de la Nación y a la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso para que den seguimiento a los hechos según sus competencias.
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