Paloma Valencia, desde su cuenta de X, publicó una columna de opinión escrita por ella, titulada “Recursos para las elecciones del 2026″, en la que criticó al gobierno nacional por presuntamente recurrir a diversos mecanismos, como el uso de recursos del presupuesto en fiducias, la reforma pensional y una posible emergencia económica por fiebre amarilla, para supuestamente financiar sus candidatos en 2026.
En el texto, la senadora afirmó: “Los recursos destinados para inversión y programas sociales de los colombianos parecen estar congelados”. Asimismo, señaló que la Contraloría General denunció que el gobierno tiene cerca de 160 billones de pesos en reservas y fiducias, al tiempo que advirtió sobre la falta de una reglamentación clara para la trazabilidad de estos recursos y la existencia de más de 8 billones de pesos sin ejecutar, cuestionando qué planea hacer el gobierno con dichos fondos.
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La senadora Paloma Valencia afirmó: “Desde la llegada del gobierno he denunciado el aumento indiscriminado de funcionarios públicos. Desde 2022, este gobierno ha creado 31 mil nuevos cargos, de los cuales 14 mil corresponden a empleados públicos y 12 mil a docentes. Tan solo en 2024 se crearon 26.625 nuevos cargos; además, 13.559 de estos han sido de planta. Este ha sido el aumento más alto de la historia, exceptuando el año de la pandemia”.
Asimismo, señaló: “Para 2025, el presupuesto en salarios de funcionarios llegó a 59,9 billones de pesos, un aumento real del 14,9 %, es decir, 7,8 billones más en comparación con 2024″.
En su análisis, indicó que el gobierno habría liberado gasto incumpliendo la regla fiscal. Señaló que, durante 2024, se incluyeron 27 billones de pesos bajo la categoría de “transacciones de única vez” para excluirlos del gasto, lo que finalmente llevó a un déficit aproximado del 6,8 % del PIB, según lo dicho por la congresista en su columna.
Valencia se refirió de igual manera al proyecto de decreto presentado recientemente, que según ella busca aumentar la retención a las empresas colombianas, afirmando que se trata de un sector que “viene asfixiado desde la reforma tributaria de Petro del año 2022″.
Señaló que, solo en la industria, este mes se completaron dos años seguidos en terreno negativo. Asimismo, explicó que el incremento en la retención funcionaría, en la práctica, como un adelanto del pago de impuestos del año 2026 para 2025, estimado en cerca de 14 billones de pesos, según Fedesarrollo, e interrogó: “¿En qué va a usar el gobierno estos recursos?”.
También comentó en su columna que la reforma pensional otorgará al gobierno acceso a nuevos fondos. Según explicó, Colpensiones no estaría lista para gestionar en junio las cuentas de aproximadamente 6 millones de cotizantes activos. Además, destacó que el Ejecutivo ya administra los recursos de salud de 30 millones de ciudadanos afiliados a EPS que han sido intervenidas.
De igual manera señaló presuntas irregularidades en las intervenciones que el Gobierno ha hecho a algunas EPS. “Hoy la octava empresa más grande del país que está intervenida por el gobierno, NUEVA EPS, no reporta información financiera y se desconoce el gasto de los más de 20 billones de pesos que le gira al año el gobierno”, comentó la congresista.
Asimismo, criticó la consulta popular propuesta por el gobierno de Petro, afirmando: “Ahora Petro quiere hacer una consulta popular que obligará a los colombianos a entregarle cerca de 600 mil millones de pesos al gobierno para llevarla a cabo”. Además, aseguró que “esto nos recuerda al plebiscito del año 2016, donde usaron toda la maquinaria del Estado y la publicidad estatal para convocarlo”.
La congresista también cuestionó el anuncio de una nueva emergencia económica por fiebre amarilla, declarando que “es inaceptable que se decrete una emergencia cuando la crisis inició hace seis meses”. Aseguró que esta decisión carece de sustento técnico, ya que el gobierno no ha divulgado cifras sobre la cantidad de vacunados, las dosis disponibles ni los recursos destinados para enfrentar la situación.
Además, dijo que en la última emergencia económica declarada por esta administración “se robaron los recursos para el agua en La Guajira”. Criticó también la Circular 12, la cual, según señaló, “delega a los municipios la responsabilidad de lidiar con el problema”, aumentando la carga administrativa y dejando a los entes territoriales con recursos limitados para afrontar la crisis.
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