“¿Quién pagará la deuda?”: polémica por cobros de opción tarifaria y alzas al diésel sin tocar a los camioneros

El Gobierno nacional ha lanzado dos propuestas que han generado controversia: por un lado, plantea una solución para cubrir la deuda de la opción tarifaria; por otro, estudia cómo enfrentar el déficit del Fondo de Estabilización de Combustibles, evitando que el impacto recaiga sobre los transportadores.

Durante el evento Colombia Genera organizado por la Andi a finales de marzo, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, sorprendió al sugerir que los usuarios residenciales de estratos 4, 5 y 6, junto con clientes comerciales e industriales, deberían asumir los saldos acumulados de la opción tarifaria.

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Esta fue una medida usada durante la pandemia para aplazar aumentos en las tarifas de energía, con la promesa de que la deuda sería asumida por el Estado.

En 2023, el Gobierno había indicado que cubriría el total de esa deuda, la cual llegó a sumar 5 billones de pesos. Sin embargo, posteriormente se aclaró que el pago sería únicamente para los hogares de estratos 1, 2 y 3. La nueva propuesta implica que el resto de usuarios asuman el saldo restante, estimado ahora en 3,1 billones, durante un período de ocho a diez años.

Mientras tanto, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, expuso su plan para enfrentar otro desafío fiscal: el ajuste pendiente en el precio del diésel. Aunque ya se cerró el déficit relacionado con la gasolina, aún resta cubrir un faltante cercano a los 10 billones en el caso del diésel. Ávila propuso que no sea el gremio transportador quien asuma directamente ese incremento, sino que se explore un sistema de tarifas diferenciadas y nuevos responsables del pago.

Según explicó, se pretende que los vehículos particulares de gama alta que usan diésel, como algunas camionetas, comiencen a pagar un precio más alto, de forma progresiva, hasta alcanzar el valor pleno del combustible. El parque automotor a diésel en el país se estima en 1.350.000 vehículos, de los cuales 360.000 corresponden a camionetas.

Sin embargo, esta estrategia no cubriría el hueco por completo, por lo que otra parte del aumento se trasladaría a los generadores de carga, es decir, las empresas que contratan los servicios de transporte.

Desde el sector energético, José Camilo Manzur, director ejecutivo de Asocodis, cuestionó la viabilidad del plan de recaudo para la opción tarifaria: “Recordemos que los usuarios de los estratos 5, 6 y comercial ya tienen una sobretasa del 20 por ciento para ayudar a financiar los subsidios. No se les debería afectar más”. También expresó dudas sobre el trámite legislativo que se necesitaría y propuso en su lugar usar recursos del Sistema General de Regalías.

En el sector transporte, la presidenta de Colfecar, Nidia Hernández, advirtió que los generadores de carga ya enfrentan dificultades económicas: “Cada vez que incremente el precio del diésel, los fletes subirán en cadena”. Además, señaló que el combustible representa más del 40 por ciento de los costos operativos de carga y cuestionó la factibilidad de cobrar precios diferenciados por tipo de vehículo, recordando que intentos similares con taxistas no prosperaron.

Por su parte, Alfonso Medrano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, rechazó que se traslade el costo del diésel a los generadores de carga. “Lo que hay que hacer es cambiar la fórmula mediante la cual se establece el precio del diésel. Poner la fórmula del precio Colombia, que es quitar el precio de paridad”, manifestó.

Con un contexto económico de bajo crecimiento y presión inflacionaria, estas alternativas dejan interrogantes sobre su implementación y los posibles efectos sobre usuarios, empresas y el precio final del transporte. Mientras tanto, los compromisos del Gobierno siguen sin resolución clara.