Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), informó que la organización ha llegado a la Mesa de Negociación Nacional Estatal con un total de 100 puntos de solicitud. Entre las principales demandas, la CUT está proponiendo un aumento salarial que incluya el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más 5 puntos adicionales.
Además, las solicitudes abarcan temas como la formalización laboral, las garantías sindicales, la implementación de políticas de género y el cumplimiento de acuerdos pactados con gobiernos anteriores. Arias destacó que esta negociación “puede ser mucho más rápida y eficaz” si se aborda de manera efectiva.
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Dijo que, en esta oportunidad, tuvieron 1.250 puntos “de peticiones”. Entonces comunicó que “esta vez los concentramos en 100 y en el aumento salarial estamos pidiendo el IPC más cinco puntos. Esta es una negociación regularmente siempre a 2 años, pero pueden suceder cosas distintas, pero en principio estaría eh mostrado esta de esta situación”, fueron sus palabras.
También habló de los “otros puntos, que tienen que ver con la formalización laboral. Ustedes saben que hay casi 1 millón de contratistas”, dijo.
Agregó que “nosotros creemos que esos trabajadores deben ser formalizados. Adicionalmente está el tema de las garantías sindicales que tenemos muchos líos con las administraciones nacionales y territoriales. El otro punto tiene que ver con la política de género desde el punto de vista del Estado y el otro tiene más tiene que ver con el cumplimiento de los acuerdos con los gobiernos anteriores. Digamos que ahí resumimos los 100 puntos que hemos abreviado demasiado este pliego, eso nos nos satisface”, concluyó.
Sindicatos de empleados públicos presentan pliego de peticiones para negociación colectiva
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) dio a conocer el pliego único de solicitudes que será presentado en la negociación colectiva de empleados públicos a nivel nacional para el año 2025.
Este documento, que reúne las principales demandas de los sindicatos, incluye propuestas que han generado debate debido a las implicaciones económicas que podrían tener para el Gobierno. Según informó Caracol Radio, el pliego fue completado y firmado este martes 15 de abril del 2025, para marcar el inicio de un proceso de diálogo social regulado por el Decreto 243 de 2024.
De acuerdo con la normativa vigente, este tipo de negociación busca establecer acuerdos entre los representantes de los sindicatos de empleados públicos y las entidades empleadoras sobre las condiciones laborales.
Aunque el proceso formal de negociación aún no ha comenzado, las solicitudes ya han suscitado interrogantes sobre su viabilidad, especialmente en el contexto de las finanzas públicas actuales. Entre las principales exigencias destacan aumentos salariales, la creación de nuevas primas y bonificaciones, así como otros beneficios laborales.
El documento oficial, publicado en la página web de la CUT, consta de 22 páginas y detalla las peticiones que los sindicatos consideran prioritarias para mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos. Estas solicitudes abarcan una amplia gama de temas, desde ajustes salariales hasta la implementación de nuevos incentivos económicos.
Aunque no se han revelado todos los detalles del pliego en el informe, se sabe que las propuestas buscan responder a las necesidades de los trabajadores en un contexto económico desafiante.
El medio también destacó que, si bien estas demandas son vistas como legítimas por los sindicatos, su cumplimiento dependerá de la capacidad del Gobierno para asumir los costos asociados. Este aspecto ha generado un intenso debate, ya que las finanzas públicas enfrentan restricciones significativas que podrían dificultar la implementación de las medidas solicitadas.
El Decreto 243 de 2024, que regula este proceso, establece que las negociaciones deben llevarse a cabo de manera transparente y en un marco de respeto mutuo. Sin embargo, el éxito de estas conversaciones dependerá en gran medida de la disposición de ambas partes para llegar a acuerdos que sean sostenibles tanto para los trabajadores como para el Estado.
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