“Pan para hoy, hambre para mañana”: Luis Colmenares criticó decreto del Gobierno Petro que modifica el impuesto de renta

El Gobierno nacional recurrió a una estrategia fiscal controvertida para aumentar los ingresos. Por medio de la autorretención en la fuente, la administración busca anticipar el recaudo del impuesto sobre la renta, lo que, según Luis Colmenares, contador público y padre de Luis Andrés Colmenares, joven que murió en extrañas circunstancias el 31 de octubre de 2010, en Bogotá, constituye “una maniobra desesperada para cuadrar la caja” a corto plazo, dejando consecuencias negativas para los gobiernos futuros.

Para él, la medida “no es una política fiscal seria, sino una patada al tablero de la sostenibilidad”. Y es que el aumento en las tarifas de retención en sectores estratégicos como el carbón y el petróleo es parte central del decreto señalado y que en la actualidad está para consulta pública.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según Luis Colmenares, sectores productivos clave como estos quedan expuestos a mayores cargas fiscales, con las tarifas para el carbón al pasar de un 3,2% a un 5,5% (72% de incremento) y para el petróleo crudo al subir del 5,6% al 7%.

Estas cifras, argumentó en una columna de opinión denominada “El truco fiscal de Petro: pan para hoy, hambre para mañana” para La Opinión de Colmenares, evidencian que el objetivo del Gobierno es “anticipar el recaudo de vigencias fiscales futuras para cubrir los gastos del presente”, una decisión que califica como irresponsable.

Además, cuestionó que la supuesta “reactivación económica del país” utilizada como justificación no refleja la realidad: “Estamos ante un Gobierno sin margen de maniobra tributaria, con un déficit que supera el 6% del PIB , y que necesita financiar un gasto creciente”.

Colmenares también resaltó problemas estructurales en la ejecución presupuestal del actual Gobierno, por lo que indicó que hay más de $62,8 billones en reservas presupuestales sin ejecutar, de acuerdo con la Contraloría. “¿Cómo se explica que haya tanta plata quieta y, al mismo tiempo, se pide más dinero por adelantado?”, cuestionó. A su juicio, esto responde a “mala planeación, ineficiencia en la contratación y uso distorsionado de las reglas fiscales”. Además, atribuyó parte del problema a la inestabilidad en el Ministerio de Hacienda, que ha sido liderado por cuatro ministros en lo que va de este Gobierno.

La crítica de Colmenares no solo se centra en los efectos inmediatos para las empresas. Según él, la estrategia pone en riesgo la liquidez empresarial, en especial, en sectores estratégicos, agravando los saldos a favor que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) no puede devolver en un tiempo.

Desde una perspectiva política, se argumenta que la medida compromete la capacidad de acción del próximo Gobierno, al que se dejará “con menos recursos y sin margen de maniobra”. Para el experto, esta es una “expropiación del recaudo futuro” que hipoteca el futuro del país.

Por otro lado, señaló que el uso de mecanismos como las reservas fiduciarias contribuye a generar opacidad en el manejo de recursos públicos. Según el análisis compartido en su columna, “el 78% de los recursos fiduciarios se destina a funcionamiento, no a inversión”, un uso que considera preocupante. Además, aseguró que delegar el manejo de dineros públicos a entidades privadas mediante estas fiducias “diluye la capacidad de control”, lo que genera opacidades (oscuridades) y rompe con el principio de transparencia presupuestaria. Esto, aseguró, demuestra que el Gobierno recurre a una “contabilidad creativa” en lugar de disciplina fiscal real.

Luis Colmenares también llamó la atención sobre el trasfondo político de estas decisiones fiscales. Para él, más allá del argumento técnico, el Gobierno juega una carta política en vista de que no podrá impulsar otra reforma tributaria antes de 2026.

“Sigue ordenando hasta la última gota de lo que puede recaudar”, opinó, pero dejó entrever que con ello se arriesga a vaciar las arcas y afectar la autoridad institucional. Puntualizó que la prioridad debería ser “ejecutar lo que ya tiene, desmontar las prácticas oscuras con fiducias y cumplir con los principios de eficiencia presupuestal”, en lugar de buscar nuevos decretos que, según él, maquillan intenciones fiscales cortoplacistas.

Sobre el decreto del Ministerio de Hacienda, el Consejo Gremial Nacional (CGN) expresó su profunda preocupación. De acuerdo con el “gremio de gremios”; la medida, lejos de representar una solución estructural, es una maniobra de caja sin sustento técnico, sin visión de largo plazo y con serias consecuencias para la economía nacional.

El mismo, que preside Camilo Sánchez, advirtió que lo que propone el Gobierno equivale a pedirle al país productivo un crédito forzado para financiar el déficit fiscal generado por la ineficiencia en la ejecución del gasto público. Se trata, en la práctica, de una reforma tributaria encubierta que traslada la carga a quienes cumplen, producen y generan ingresos.

“La retención en la fuente no es un impuesto adicional, es un anticipo. Es un cobro adelantado sobre ingresos que ni siquiera se han terminado de consolidar. Esta propuesta castiga el flujo de caja de empresas, trabajadores formales, independientes y pequeños comerciantes. La medida afecta directamente el consumo, el ahorro y la inversión, pilares fundamentales para el crecimiento y la formalización de la economía”, alertó.

Para este, más preocupante aún es que, según estimaciones de Fedesarrollo, la modificación implicaría un adelanto de impuestos de 2026 por $13,9 billones (0,8% del PIB), con lo que se repite el error fiscal de 2023. Así las cosas, la operación agravaría el hueco fiscal en 2026 y pondría en riesgo el cumplimiento de la regla fiscal y la calificación crediticia del país.

Ante esto, el Consejo Gremial Nacional advirtió las serias implicaciones jurídicas del proyecto de decreto, en particular la aplicación de una autorretención del 3,5% a entidades no contribuyentes del impuesto sobre la renta, como las del artículo 23 del Estatuto Tributario.

“Al no existir un impuesto a cargo, este anticipo se convierte en un pago sin causa tributaria, contrariando el principio de legalidad. Además, la medida no prevé mecanismos de compensación ni beneficios, lo que afecta directamente el flujo de caja de organizaciones sin ánimo de lucro. Este cambio alteraría sustancialmente el régimen fiscal vigente, sin una reforma legal que lo sustente, y por tanto requiere una revisión jurídica y técnica a fondo”, enfatizó .

Finalmente, el CGN hizo un llamado firme al Gobierno nacional para que ajuste el gasto y priorice la inversión eficiente, con el fin de respetar los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal.