Ciro Ramírez podría perder su curul: Consejo de Estado admitió demanda que busca su “muerte política” por caso de ‘Las Marionetas 2.0′

La Sala Tercera de Decisión del Consejo de Estado admitió la demanda que solicita la pérdida de investidura del senador del Centro Democrático Ciro Ramírez, proceso que busca despojarlo de su curul por su presunta responsabilidad en conductas relacionadas con el escándalo de corrupción conocido como “Las Marionetas 2.0″.

La decisión se produce luego de que el demandante subsanara los requisitos que inicialmente impidieron el estudio de la acción judicial.

La solicitud fue presentada tras la condena en primera instancia impuesta por la Corte Suprema de Justicia contra Ramírez, quien recibió una pena de 23 años de prisión por los delitos de cohecho propio y concierto para delinquir, en el marco de la investigación por una red de direccionamiento ilegal de contratos públicos.

La demanda sostiene que existió una presunta indebida destinación de dineros públicos y tráfico de influencias, conductas que configurarían una de las causales para decretar la pérdida de investidura, conocida como la “muerte política”.

Avanza la demanda en el alto tribunal

La admisión del proceso ocurre después de que, en abril, el Consejo de Estado hubiera inadmitido la demanda por incumplimiento de varios requisitos de forma que impedían estudiar el fondo del caso.

En esa oportunidad, el alto tribunal explicó, a través de una providencia de 438 páginas, que el expediente no contenía la documentación necesaria para acreditar que Ciro Ramírez ostentaba la calidad de senador durante 2021, año en el que ocurrieron los hechos objeto de investigación. Asimismo, señaló que no se había aportado prueba de la notificación formal al congresista sobre el proceso de pérdida de investidura.

La decisión precisó que el demandante debía completar la documentación requerida para que el caso pudiera avanzar judicialmente, incluyendo la certificación que acreditara la condición de senador de Ramírez en 2021 y la constancia de su notificación dentro del proceso.

Una vez fueron subsanadas esas exigencias procesales, el Consejo de Estado resolvió admitir la demanda y dar inicio al trámite correspondiente.

Como parte del procedimiento, el alto tribunal corrió traslado al senador Ciro Ramírez para que, dentro del término de cinco días, presente su pronunciamiento frente a la solicitud de pérdida de investidura y solicite las pruebas que considere pertinentes y conducentes para ejercer su derecho de defensa.

La admisión de la demanda no implica una decisión sobre el fondo del asunto, sino que permite que el proceso continúe con las etapas previstas por la ley para determinar si se configura alguna de las causales que permitan decretar la pérdida de investidura del congresista.

La condena por el escándalo de ‘Las marionetas 2.0’

El proceso de pérdida de investidura tiene como antecedente la condena en primera instancia proferida por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia contra el senador del Centro Democrático por su participación en el escándalo de corrupción.

Según estableció la investigación, el caso hace referencia a una red clientelar que operó mediante el direccionamiento ilegal de contratos públicos a través de congresistas y algunos de sus asesores, en coordinación con funcionarios de entidades territoriales en las regiones donde ejercían influencia política.

De acuerdo con los hechos examinados por la Corte Suprema de Justicia, la conducta atribuida al senador se remonta al año 2021, cuando presuntamente se habría acordado una negociación criminal en la que participaron Pablo César Herrera, entonces asesor de la Empresa para el Desarrollo Territorial Proyecta, y el hoy condenado congresista.

La investigación señala que, durante un encuentro, Herrera expuso a Ramírez los avances y resultados de un contrato de gerencia suscrito entre Proyecta y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS). Posteriormente, el 13 de octubre de 2021, Herrera habría sostenido una nueva reunión con Ciro Ramírez y con Pierre García, exsubdirector del DPS, para discutir la posibilidad de celebrar un nuevo contrato interadministrativo de gerencia integral entre esa entidad y Proyecta.