Alcalde de Sabanalarga, Atlántico, en líos con la Procuraduría por presuntamente incumplir con la ley de cuotas de género

La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra el alcalde de Sabanalarga, en el departamento del Atlántico, José Elías Chams Chams, por presuntas irregularidades en el cumplimiento de la ley que regula la participación equitativa de las mujeres en los niveles decisorios del poder público.

De acuerdo con el ente de control, el mandatario habría desconocido la normativa que exige una representación mínima del 50 % de mujeres en los cargos directivos de la administración municipal.

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La investigación también incluye al secretario general del municipio, Jaime Andrés Corbacho Vargas, y a la profesional universitaria de la Oficina de Talento Humano, Paola Margarita Castillo Velasco, quienes podrían haber incurrido en responsabilidades disciplinarias relacionadas con el caso.

Es preciso señalar que, la participación femenina en los cargos directivos de la administración de Sabanalarga se encuentra actualmente en un 28,56 %, cifra que está muy por debajo del mínimo legal establecido.

La normativa en cuestión, la Ley 581 de 2000, modificada posteriormente por la Ley 2424 de 2024, establece que las autoridades nominadoras deben garantizar que al menos el 50 % de los cargos de máximo nivel decisorio y otros niveles decisorios sean ocupados por mujeres. Con esta ley se busca promover la equidad de género en las instituciones públicas y asegurar una representación justa en los espacios de toma de decisiones.

En ese contexto, el Ministerio Público ordenó la recolección de pruebas para esclarecer los hechos y determinar si los investigados incurrieron en faltas disciplinarias. Además, se notificó a los implicados sobre su derecho a rendir versión libre, así como sobre los beneficios que contempla el Código General Disciplinario (CGD) en caso de confesión o aceptación de cargos.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Barranquilla, encargada de llevar adelante el proceso, también informó a los investigados que, en cumplimiento del artículo 122 del CGD, tienen derecho a ser notificados a través de medios electrónicos. Este mecanismo busca garantizar la transparencia y la celeridad en el desarrollo de las investigaciones.

Y es que, según un informe de la Procuraduría conocido en marzo de 2025, hay un panorama preocupante en torno al cumplimiento de la Ley de Cuotas. Según el ente de control, el balance presentado por el Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp), 2024 reflejó un “saldo en rojo”, con resultados que calificaron como insuficientes y con retrocesos en comparación con años anteriores.

De acuerdo con la Procuraduría, uno de los principales problemas radica en la falta de información adecuada y completa por parte de las entidades obligadas a reportar el cumplimiento de esta ley. De las 6.374 entidades que debían presentar datos, solo 1.728 entregaron reportes completos, lo que limita significativamente la capacidad de evaluar los avances en materia de equidad de género en los cargos públicos.

El informe también señaló un retroceso en la participación de mujeres en cargos públicos decisorios en comparación con los datos recopilados en 2023. Este hallazgo generó preocupación, ya que evidencia un estancamiento, e incluso un deterioro, en los esfuerzos por alcanzar la equidad de género en el sector público.

Además, la Procuraduría destacó que varias entidades han omitido información clave sobre los nombramientos realizados a través de ternas, un mecanismo mediante el cual se presentan tres candidatos para que uno de ellos sea elegido. Esta omisión, según el ente de control, representa un obstáculo adicional para evaluar el cumplimiento de la Ley 581 de 2000.

Ante este panorama, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública instó al Dafp a tomar medidas para garantizar que las entidades obligadas cumplan con la entrega de reportes completos y en los plazos establecidos. Del mismo modo, enfatizó que intensificará sus acciones para asegurar el cumplimiento de la Ley de Cuotas y reafirmó su compromiso con la promoción de la equidad de género. “El organismo de control advirtió que intensificará sus acciones para garantizar el cumplimiento de la Ley de Cuotas y reafirmó su compromiso con la igualdad y la equidad de género”, apuntó el Ministerio Público.