El Tapón del Darién, una de las rutas más peligrosas para quienes buscan llegar a Estados Unidos, se ha convertido en un escenario de retorno para miles de migrantes.
Entre enero y febrero de 2025, al menos 1.885 personas ingresaron a Colombia desde Panamá, marcando un cambio significativo en el flujo migratorio que tradicionalmente se dirigía hacia el norte, según el periodista Carlos López de El Tiempo.
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Este fenómeno, conocido como migración inversa, refleja los efectos de políticas migratorias más restrictivas y las dificultades que enfrentan los migrantes en su travesía.
De acuerdo con Migración Colombia, la mayoría de los retornados son de nacionalidad venezolana, aunque también se han identificado migrantes de Perú, Ecuador, Chile y Nigeria.
Estas personas, muchas de ellas en condiciones de extrema vulnerabilidad, llegan a las costas de Capurganá y Acandí, en el departamento del Chocó, tras cruzar el Darién o el Golfo de Urabá en lanchas precarias. Según el medio, las cifras oficiales indican que, de las 1.599 personas caracterizadas, 1.585 son venezolanas, mientras que el resto provienen de otros países.
El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, ha sido señalado como uno de los principales factores detrás de este fenómeno. Según explicó Diego Chaves-González, director para Latinoamérica y el Caribe del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés), en conversaciones con El Tiempo, muchos migrantes que iniciaron su viaje hacia el norte se han visto obligados a regresar debido a barreras legales, deportaciones masivas y la falta de opciones de regularización en países de tránsito como México, Costa Rica y Panamá.
El cierre de programas como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y la suspensión de la aplicación CBP One, que permitía a los migrantes solicitar citas para procesos migratorios regulares, han dejado a miles de personas sin alternativas viables. Según El País de España, estas medidas han generado un impacto significativo, especialmente entre los migrantes venezolanos, quienes representan la mayoría de los retornados.
El regreso a través del Tapón del Darién y el Golfo de Urabá no está exento de peligros. Según reportó CNN, el pasado 22 de febrero, una embarcación que transportaba a 21 personas naufragó en la región de Guna Yala, en Panamá, dejando como saldo la muerte de una niña venezolana de ocho años. Este incidente pone de manifiesto los riesgos asociados a las rutas marítimas y terrestres utilizadas por los migrantes en su retorno.
La Procuraduría General de Colombia ha advertido sobre las condiciones extremas que enfrentan los migrantes en estas rutas. Según el procurador delegado para los Derechos Humanos, Néstor Osuna, tanto el cruce a pie por la selva como el transporte en lanchas precarias representan peligros significativos, incluyendo naufragios, violencia y explotación por parte de redes de tráfico de personas.
El aumento del flujo migratorio inverso también ha generado tensiones en las comunidades receptoras en Colombia. Según El Tiempo, municipios como Necoclí y Acandí han reportado un incremento en la llegada de migrantes, lo que ha puesto en alerta a las autoridades locales. Aunque hasta ahora no se han registrado conflictos graves, las personerías de estas localidades han advertido sobre la posibilidad de un desbordamiento de las capacidades locales para atender a esta población.
La investigadora María Clara Robayo, del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, señaló que este fenómeno está generando represamientos en municipios que carecen de la infraestructura necesaria para gestionar estos flujos migratorios.
Además, destacó que las redes de tráfico de personas han comenzado a adaptarse a esta nueva realidad, incrementando los costos y los riesgos asociados al tránsito de migrantes.
La Defensoría del Pueblo de Colombia ha identificado múltiples vulneraciones de derechos en el contexto de la migración inversa. Según el organismo, los migrantes enfrentan riesgos como el tráfico de personas, la violencia de género, la explotación laboral y la discriminación. Además, se han detectado barreras en el acceso a servicios esenciales como salud, educación y trabajo, lo que dificulta la regularización de su estatus migratorio.
En un informe reciente, la Defensoría destacó la necesidad de establecer protocolos claros para la búsqueda de personas desaparecidas en el tránsito fronterizo y de implementar mecanismos de denuncia accesibles para los migrantes. También hizo un llamado a los gobiernos de la región para coordinar respuestas que garanticen la protección de los derechos humanos de esta población vulnerable.
Según Diego Chaves-González, el flujo migratorio inverso coincide con una caída significativa en los cruces hacia el norte. En enero de 2025, se registraron solo 2.200 cruces irregulares por el Darién, una disminución del 80% en comparación con los 11.100 registrados en noviembre del año anterior.
Por su parte, Ligia Bolívar, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Andrés Bello, advirtió que este fenómeno plantea preguntas importantes sobre la gobernanza migratoria en la región. Según Bolívar, es necesario abrir un debate regional para abordar los desafíos asociados a la migración inversa, con un enfoque en la protección de los derechos humanos y la integración de los retornados.
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