Exgobernador del Casanare tendrá que pagar más de seis años de prisión por irregularidades en contratación pública

La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de seis años y cinco meses de prisión contra el exgobernador del departamento de Casanare, Whitman Herney Porras Pérez, por su responsabilidad en múltiples irregularidades en contratación estatal durante su administración.

La decisión fue tomada por la Sala de Casación Penal luego de estudiar una impugnación especial presentada por la defensa del exmandatario, que pretendía una rebaja en la pena con el argumento de que no tenía antecedentes penales y se había allanado a los cargos.

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Aunque el alto tribunal reconoció la aceptación de cargos como un atenuante, concluyó que no era suficiente para reducir la pena impuesta.

La Corte determinó que los hechos atribuidos a Porras representaron una violación grave a los principios fundamentales de la contratación pública, al tratarse de contratos de alta cuantía celebrados sin el cumplimiento de los procedimientos legales establecidos.

En concreto, la condena está relacionada con la firma directa de dos contratos celebrados entre la Gobernación de Casanare y la Universidad de Pamplona, los cuales ascendieron a más de 36.000 millones de pesos.

Estos contratos estaban dirigidos a dotar bibliotecas, aulas de informática y espacios virtuales en distintas zonas del departamento.

No obstante, según el fallo, la contratación se efectuó de forma directa, sin adelantar un proceso licitatorio, como exige la ley para contrataciones de ese valor.

Los contratos que debían mejorar la educación en Casanare terminaron siendo ejemplo de corrupción.

La Corte señaló que Porras, en su calidad de gobernador, conocía los deberes normativos que rigen la contratación pública, pero decidió omitirlos deliberadamente, otorgando los contratos a la institución educativa sin la debida transparencia.

El fallo subraya que la conducta del exgobernador constituyó una afrenta a los bienes jurídicos tutelados por el derecho penal, particularmente en lo relativo a la administración pública, la moralidad y la legalidad en el ejercicio de funciones oficiales.

A este caso se suma su participación en las irregularidades relacionadas con el Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica 220, suscrito en 2005 entre el departamento de Casanare y la Organización del Convenio Andrés Bello.

Como parte de ese acuerdo, Porras firmó dos cartas de acuerdo que también vulneraron las normas legales que rigen la contratación.

La Corte identificó que dichos documentos fueron utilizados como mecanismo para evadir los requisitos exigidos, favoreciendo a terceros sin justificación legal válida.

Helí Cala también fue condenado por desfalco al erario en Casanare

En este mismo proceso también fue condenado Helí Cala López, quien en su momento actuaba como gobernador encargado del departamento.

Cala López fue sentenciado a 187 meses de prisión (más de 15 años), tras ser hallado culpable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales continuado y peculado por apropiación agravado.

Según la investigación, se apropió indebidamente de más de 615 millones de pesos provenientes del erario público, a través de la ejecución fraudulenta de las cartas de acuerdo firmadas en el marco del convenio con el Convenio Andrés Bello.

La Corte resaltó que ambos exmandatarios incurrieron en faltas graves que comprometieron directamente los recursos destinados a la educación y el fortalecimiento institucional en Casanare.

En su análisis, el tribunal destacó que este tipo de actuaciones no solo generan un daño patrimonial al Estado, sino que deterioran la confianza ciudadana en las autoridades y afectan el desarrollo social y económico de las regiones.

La sentencia subraya que los funcionarios públicos tienen una obligación constitucional y legal de actuar conforme a los principios de transparencia, eficiencia y responsabilidad.

Las irregularidades cometidas por Porras y Cala no fueron meros errores administrativos, sino acciones planificadas y ejecutadas con conocimiento de su ilegalidad, lo que justifica la severidad de las penas impuestas.

Este fallo se convierte en un precedente relevante para otros procesos similares, y envía un mensaje claro sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control en la contratación estatal, así como la importancia de la vigilancia ciudadana en la gestión de los recursos públicos.