Durante los primeros meses de la pandemia, en abril de 2020, cuando el país enfrentaba una de sus peores crisis sanitarias, el gobernador del Amazonas, Jesús Galdino Cedeño, suscribió un contrato con la empresa Group AQ S. A. S. por $429 millones para la adquisición de hipoclorito de sodio granulado, insumo clave en la desinfección de espacios y superficies en ese momento.
La contratación se dio bajo la figura de urgencia manifiesta, herramienta legal habilitada por el Gobierno Nacional para acelerar procesos administrativos durante la emergencia por covid-19.
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Sin embargo, detrás de ese contrato existía un conflicto de interés de fondo: los representantes legales de la empresa contratada habían financiado la campaña electoral de Galdino, con aportes que superaron el 2% del total invertido, lo que según la ley inhabilitaba al mandatario para firmar cualquier convenio con ellos durante su periodo de gobierno.
Además de esta irregularidad, el exmandatario tambien fue acusado por ortro contrato que habría suscrito ignorando un convenio firmado por la administración anterior en diciembre de 2019, cuyo objeto era garantizar la alimentación escolar en el departamento durante 2020.
La Fiscalía explicó que el gobernador suspendió ese contrato sin el consentimiento del contratista original, el Consorcio Alimentación Infantil 2020, que ya venía ejecutando el programa y había ofrecido ajustar el esquema de entrega a las nuevas condiciones impuestas por el confinamiento.
“El gobernador, a través de su secretario de Educación, no aceptó las diferentes solicitudes que realizó el gerente de la firma contratista Consorcio Alimentación Infantil 2020, dirigidas a la realización de unas mesas de trabajo que permitieran establecer nuevos lineamientos, derivados de la contingencia sanitaria y de esta forma proseguir con su ejecución como lo venía ejecutando de manera adecuada”, señaló el ente acusador en el escrito de acusación conocido por El Espectador.
Incluso, meses después, la Gobernación tuvo que ajustar el contrato anterior para que el mismo consorcio entregara las raciones alimenticias en casa, lo que —según la Fiscalía— “demostraría la irregularidad del contrato firmado en abril”, ya que no era necesario suscribir uno nuevo y representó un gasto adicional.
“El gobernador Jesús Galdino Cedeño era consciente de que el trámite contractual aludido se adelantaba y prosiguió de forma irregular (...) sabía que el adelantamiento del proceso contractual sin el cumplimiento de sus requisitos legales no garantizaba la correcta realización de actuación contractual; era de su exclusivo resorte y responsabilidad la suspensión, vigilancia y control de esa actividad por ser el ordenador del gasto y representante legal del departamento (...) ese nuevo contrato condujo a realizar una erogación más cuando ya existía uno previamente y con el mismo objeto”, concluyó la Fiscalía.
La sanción por vulnerar el régimen de inhabilidades
Tras la investigación disciplinaria correspondiente, la Procuraduría General de la Nación decidió sancionar al exgobernador con destitución e inhabilidad por 12 años.
“La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento calificó la falta de Galdino Cedeño como gravísima, a título de dolo”, informó el organismo de control, que confirmó que los aportes económicos a su campaña política por parte de los representantes de Group AQ S. A. S. superaron el límite legal permitido, lo que configuró una inhabilidad al momento de la contratación.
Dado que la sanción fue impuesta en primera instancia y contra ella procede recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular.
Galdino, médico de profesión, fue elegido en 2019 con más de 11.000 votos, tras una alianza entre el Centro Democrático y el Partido Conservador. Su elección duplicó la votación del candidato del Partido Liberal, lo que lo convirtió en una de las figuras políticas más representativas del departamento.
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