Consejo de Estado declaró pérdida de investidura de representante a la Cámara del Pacto Histórico: este es el motivo

En una decisión que causó toda clase de reacciones y fue entendida como un revés para el partido de Gobierno, el Consejo de Estado confirmó el jueves 10 de abril la pérdida de investidura de la representante a la Cámara Mary Anne Perdomo, del Pacto Histórico, tras encontrarla responsable de la indebida destinación de fondos públicos en su ejercicio legislativo. Así quedó establecido en el fallo de 45 páginas.

De acuerdo con el alto tribunal, el caso está relacionado con irregularidades en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la congresista, que representaba a Santander, tras haber resultado elegida durante los comicios del 13 de marzo de 2022. La sala competente concluyó que Perdomo permitió un uso indebido de recursos públicos entre julio de 2022 y enero de 2023, por lo que decretó su “muerte política”.

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La sentencia precisó que Perdomo, que ofició como representante del oficialismo, “incurrió en la causal de indebida destinación de dineros públicos (artículo 183.4 de la Constitución Política) al permitir y autorizar que María Isabel Rueda Guerrero fuera suplantada en su vinculación a la UTL por Laura Fernanda Rueda Guerrero”, con lo que avaló la entrega de dinero considerable sin cumplir funciones.

“Está demostrado que, por esa vinculación dispuesta por la acusada, la asesora percibió del erario, por concepto de salarios y prestaciones, la suma de ciento dos millones ciento diecisiete mil trescientos veinticuatro pesos ($ 102.117.324)”, se detalló en el fallo emitido por este caso, tras la ponencia del magistrado William Barrera Muñoz, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

Las graves denuncias contra Mary Anne Perdomo, entre ellas corrupción y abuso de poder

La demanda de pérdida de investidura fue presentada por Édgar Millares, que aparte de estar en la UTL de la representante, la denunció al haber permitido el nombramiento de Laura Fernanda Rueda Guerrero, designada para el cargo de asesora grado I, sin cumplir con las funciones; según reseñaron diferentes medios de comunicación. Mientras su madre, María Isabel Rueda Guerrero, ya había sido desvinculada: aunque trabajaba “en las sombras”.

““Ni una sola declaración o documento permite concluir con grado de certeza que, en el período comprendido entre el 11 de enero y el 30 de septiembre de 2023, Laura Fernanda Rueda Guerrero ejecutó labor alguna en la UTL de la congresista”, se leyó en el fallo que confirmó la irregularidad que apartó a la congresista del Pacto Histórico de sus labores como representante, de cara al periodo 2022-2026.

En ese orden de ideas, el Consejo de Estado precisó en su determinación de pérdida de investidura que este acto habría sido ejecutado para beneficiar a terceros y, presuntamente, a la propia congresista. Según la demanda, “ese sueldo superaba los 9 millones de pesos mensuales, según la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes”; por lo que habría incurrido en una grave falta.

“Ese irregular acuerdo no podía darse solo entre las señoras María Isabel Rueda y Laura Fernanda Rueda, pues era indispensable que la congresista Perdomo desplegara su función nominadora”, lo que confirmó su rol determinante en este esquema. Y destacó que la situación configuró una “destinación de dineros públicos” debidamente comprobada, al cumplir con los argumentos de “la causal de desinvestidura”.

Con la “muerte política” de la congresista, Perdomo la inhabilitó para ejercer cargos públicos y la aparta de su curul en la Cámara de Representantes. Tras este suceso, se conoció la reacción de la implicada en este fallo; aunque al ser una decisión de primera instancia, se espera que la ahora excongresista recurra a las instancias correspondientes con el fin de controvertir el fallo en su contra.

Representante a la que le decretaron “muerte política” anunció que continuará su defensa

Así pues, Perdomo anunció en un comunicado de prensa que apelará el fallo del Consejo de Estado, el cual anuló su elección como congresista al considerar que incurrió en causales indebidas relacionadas con la destinación de recursos públicos. La congresista santandereana afirmó que presentará ante las instancias judiciales “las pruebas que sean necesarias”, y expresó su confianza en que “la verdad prevalecerá”.

Según sus declaraciones, aunque respeta las decisiones judiciales, considera que enfrenta una “evidente persecución política por parte de sectores a los que les incomoda la presencia femenina en escenarios democráticos. “Estas investigaciones se basan en un montaje sin fundamento, cuyas acusaciones no han sido comprobadas en ninguna instancia”, precisó la congresista en mención.

Y añadió: “Confio plenamente en Dios que, con su infinito poder, se podrá esclarecer la verdad, y ratificar en segunda instancia. Y cuando asi sea, no dejaremos impunes quienes han orquestado esta persecución política. Procederemos legalmente contra quienes han promovido este complot con el objetivo de intentar silenciar una voz firme y comprometida con el pueblo”.