La senadora Sandra Ramírez, perteneciente al Partido Comunes y exintegrante de la extinta guerrilla de las Farc, denunció una “persistente estigmatización” en su contra, asegurando que su vida se encuentra en riesgo. Esto ocurrió luego de que la Corte Suprema de Justicia anunciara la apertura de una indagación preliminar en su contra, a raíz de una denuncia interpuesta por Sara Morales, directora de la Corporación Rosa Blanca.
La investigación judicial, a cargo del magistrado Héctor Javier Alarcón, busca esclarecer las presuntas amenazas que Ramírez habría dirigido contra Morales. La Corporación Rosa Blanca es una organización que se dedica a visibilizar y denunciar los casos de abuso sexual de menores por parte de excomandantes de las Farc, un tema que ha generado un intenso debate en el país.
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Desde el Senado de la República, Sandra Ramírez tomó la palabra para rechazar las acusaciones en su contra y denunció lo que considera una campaña de desprestigio. En su intervención, desde el atril, la congresista declaró: “La persistente estigmatización y los discursos de odio promovidos desde ciertos sectores de los medios de comunicación, dirigidos en contra de quienes firmamos el acuerdo de paz y hoy hacemos parte de la vida política legal”.
Además, la exesposa de alias Manuel Marulanda o “Tirofijo” —máximo comandante de las extintas Farc— señaló en su intervención que: “Durante el mes de marzo he sido objeto de una campaña de desprestigio encabezada por un medio de comunicación hegemónico que han replicado luego en redes sociales, en la que se descontextualizan declaraciones, se construyen narrativas tendenciosas y se deslegitima mi papel como senadora de la República por el acuerdo de paz”.
Este pronunciamiento generó reacciones encontradas. Mientras algunos sectores políticos y sociales respaldan la denuncia de Ramírez sobre estigmatización, otros consideran que el proceso judicial debe seguir su curso para esclarecer si efectivamente hubo amenazas contra Morales. La investigación cobra relevancia en un contexto de polarización en Colombia, donde la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las Farc continúa generando divisiones en la opinión pública.
La Corte Suprema de Justicia, por su parte, reitera que la apertura de una indagación preliminar no implica una condena, sino que hace parte del proceso judicial para determinar si existen elementos suficientes que ameriten una investigación formal. Sin embargo, la senadora insiste en que este tipo de señalamientos forman parte de una estrategia más amplia para deslegitimar a quienes participaron en el proceso de paz y hoy forman parte de la vida política.
De acuerdo con la denuncia presentada ante la Corte, la presión ejercida sobre la directora de la entidad no solo implicó un intento de silenciar su trabajo, sino que representó un obstáculo significativo en el camino hacia la reparación y justicia para las víctimas.
Testimonio de víctima de reclutamiento forzado que puso en el ojo del huracán a Sandra Ramírez
El conflicto se intensificó aún más tras una declaración de una mujer identificada como Deisy, que narró públicamente en una entrevista para Caracol Radio, los años de sufrimiento que vivió al ser reclutada por las Farc y abusada sexualmente por miembros de la organización.
La mujer aseguró que, durante su tiempo en las filas guerrilleras, la ahora congresista Sandra Ramírez jugó un papel en la selección de menores de edad para ser sometidas a abusos sexuales por los comandantes de la guerrilla. Esta revelación causó un gran revuelo entre los grupos de víctimas del conflicto armado, que pidieron justicia por los crímenes relatados por la víctima, como pasó con la Corporación Rosa Blanca.
De acuerdo con su relato para el programa matutino 6AM, la mujer reveló que la congresista ordenaba “sancionarlos” y cuestionaba, “¿Por qué no nos defendió siendo ella mujer?”, y agregó que: “Yo me acuerdo de todo eso. No solamente señalo a la Senadora Sandra Ramírez, sino a todos los comandantes de las Farc. Todos los que nos dan cátedra de moral en el Congreso nos abusaron muchas veces. Para ellos las menores de edad eran muy apetecidas”.
Ante esta historia, el caso de Sandra Ramírez podría representar un punto de quiebre en el debate sobre la justicia transicional en Colombia, ya que pone en primer plano las denuncias de abuso sexual y otros crímenes graves cometidos durante el conflicto armado. La forma en que este proceso avance podría influir en la percepción pública sobre la responsabilidad de los excombatientes y sobre la manera en que se debe garantizar justicia para las víctimas.
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