Polémica por resolución que otorga más facultades al Ministerio de Agricultura: “Una medida que excede el marco legal y constitucional”

El reciente anuncio del Ministerio de Agricultura sobre la Resolución 00052 de 2025 ha generado una ola de críticas y preocupación en diversos sectores del país.

Esta normativa, que fue expedida el 17 de marzo, establece nuevas disposiciones para la inspección, vigilancia y control de las asociaciones campesinas y agropecuarias nacionales.

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Sin embargo, organizaciones gremiales y expertos señalaron que la medida podría representar una extralimitación de funciones por parte del Gobierno, afectando derechos fundamentales como la libertad de asociación y la autonomía gremial.

De acuerdo con el comunicado emitido por Aliadas, una alianza que agrupa a diversas asociaciones y gremios del país, la resolución excede los límites legales y constitucionales al otorgar al Ministerio facultades que, según ellos, son inconstitucionales.

La organización denunció que esta normativa vulnera el derecho a la libre asociación, consagrado en el artículo 38 de la Constitución, así como la libertad de empresa, protegida por el artículo 333. Además, advirtió sobre los riesgos de un posible intervencionismo político y el debilitamiento de la autonomía de las asociaciones campesinas y agropecuarias.

“Esta resolución vulnera el derecho fundamental a la libre asociación y la libertad de empresa, sienta un precedente inaceptable para la democracia y abre la puerta a la instrumentalización política de la supervisión estatal”, dice el comunicado emitido por Aliadas.

Uno de los puntos más polémicos de la Resolución 00052 radica en el artículo 7, que detalla las medidas preventivas que el Ministerio de Agricultura podría adoptar.

Según el texto, la cartera tendría la facultad de aplicar intervenciones administrativas en las asociaciones campesinas o agropecuarias que, a su juicio, no cumplan con los límites legales, estatutarios o fundacionales.

Entre estas medidas se incluye la posibilidad de remover temporalmente a los administradores de dichas asociaciones y reemplazarlos, con el objetivo de evitar afectaciones al sector o corregir irregularidades graves.

Esta disposición ha sido interpretada por algunos sectores como una herramienta que podría ser utilizada para ejercer un control indebido sobre los gremios.

El exministro de Agricultura, Andrés Valencia, expresó su preocupación al respecto, señalando que esta resolución podría ser un intento del Gobierno de tomar el control de los gremios agropecuarios y apropiarse de los recursos parafiscales que administran. “No veo otra intención detrás”, afirmó Valencia, quien también advirtió sobre las sanciones económicas que podrían imponerse a los gremios bajo esta normativa.

El rechazo a la Resolución 00052 no se limitó a Aliadas. El Consejo Gremial, una de las principales organizaciones que agrupa a los gremios económicos del país, también emitió un comunicado en el que calificó la medida como una “grave extralimitación de funciones” por parte del Ministerio de Agricultura.

Según el Consejo, esta normativa representa una amenaza directa a la libertad de asociación y a la autonomía gremial, principios fundamentales en un Estado democrático.

En su pronunciamiento, el Consejo Gremial destacó que la resolución podría limitar la capacidad de los gremios para ejercer su vocería legítima y cumplir con su labor de representación. Además, cuestionó la falta de deliberación democrática en la formulación de la medida, lo que, según ellos, afecta la confianza en las instituciones y sienta un precedente preocupante para la democracia del país.

Los efectos de la resolución del Ministerio podrían ser significativos para el sector agropecuario, según lo señalado por Aliadas y otras organizaciones. Entre los riesgos identificados se encuentran el aumento de la carga administrativa y económica para las asociaciones, así como un impacto negativo en la competitividad y productividad del sector.

Además, se advierte que la medida podría debilitar la institucionalidad campesina y abrir la puerta a un uso político de la supervisión estatal.

Ante este panorama, Aliadas solicitó la derogación inmediata de la resolución e instó al Gobierno a abrir un diálogo con los gremios para garantizar una regulación equilibrada y respetuosa de la autonomía gremial. En su comunicado, la organización subrayó que las asociaciones campesinas y agropecuarias no son extensiones del Ejecutivo, sino actores independientes cuya autonomía es esencial para el equilibrio de poderes y el diálogo social.

La posibilidad de que el Ministerio de Agricultura asuma funciones similares a las de una superintendencia fue otro de los puntos que ha generado inquietud. La resolución plantea dudas sobre si la cartera tendría ahora la capacidad de cerrar gremios o imponer sanciones económicas significativas. Estas facultades, según los críticos, podrían ser utilizadas para ejercer presión sobre las asociaciones y limitar su capacidad de acción.

En este contexto, las organizaciones gremiales han advertido sobre los riesgos de que el control estatal se convierta en una herramienta de instrumentalización política. Según Aliadas, reglamentar por vía administrativa lo que la Constitución protege constituye una extralimitación del Gobierno que debe ser corregida de manera urgente.

La controversia en torno a la Resolución 00052 pone de manifiesto la necesidad de un debate amplio y democrático sobre las políticas que afectan al sector agropecuario. Tanto Aliadas como el Consejo Gremial insisten en que cualquier regulación debe respetar los derechos fundamentales y garantizar la autonomía de los gremios. Asimismo, han subrayado la importancia de fortalecer la confianza en las instituciones mediante procesos transparentes y participativos.