Otty Patiño sería incluido en investigación de la Procuraduría por oponerse a la captura de alias ‘Araña’

La Procuraduría General de la Nación inició procesos disciplinarios en contra los servidores públicos por abuso de autoridad, luego de que se opusieran a la captura de Andrés Rojas, alias Araña, a inicios de febrero, cuando concluía una nueva ronda de negociación con Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, grupo armado organizado en el que milita.

Entre los funcionarios que se investigarán es posible que se incluya al Consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, lograron establecer en la revista Semana.

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La Procuraduría se encuentra en fase de indagación para determinar qué funcionarios pudieron haber intentado detener la orden de captura con fines de extradición contra Rojas, que se encarga de la estructura de los Comandos de Frontera.

Esta orden había sido emitida por la fiscal general Luz Adriana Camargo. Los hechos ocurrieron en un hotel en Bogotá y han llevado a investigar posibles abusos de autoridad durante el desarrollo del tercer ciclo de negociaciones entre las disidencias de la Segunda Marquetalia y el Gobierno, según informó la revista Semana.

Durante la operación, el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, emitió duras críticas dirigidas a los agentes del CTI, quienes argumentaron que actuaban bajo órdenes superiores. Pese a ello, Patiño señaló que proceder con la captura podría constituir una acción en contra del proceso de paz en curso, calificándola como un acto de “trampa”. Según sus palabras el 12 de febrero.

“Esto puede constituir un nuevo elemento de trampa hecho por ustedes... inmediatamente procedan a esta operación, están reiterando que están haciendo una trampa contra el proceso de paz que estamos desarrollando”, afirmó en esa ocasión.

En el operativo en cuestión, el agente del CTI abordado por Patiño mantuvo su postura, manifestando que únicamente cumplía con su trabajo. Sin embargo, las presiones para interrumpir la captura de Rojas, señalado por Estados Unidos de continuar traficando drogas mientras participaba en las negociaciones, han generado controversia. Los señalamientos de obstrucción a la labor judicial pueden tener implicaciones disciplinarias para aquellos involucrados en el proceso de paz.

Por ahora, la investigación de la Procuraduría no ha identificado a responsables precisos y se desarrolla contra indeterminados. Este caso refleja las tensiones entre las actividades judiciales y las negociaciones de paz impulsadas por el Gobierno nacional.

Pese a este revés José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza, a través de un video difundido en redes sociales, el jefe máximo de la organización insurgente, aunque criticó el operativo judicial, reafirmó la intención de continuar con el proceso de paz que se encuentra en curso con el Gobierno encabezado por Gustavo Petro.

Mendoza dejó claro que una semana después del hecho que “el balón está en cancha del Gobierno” para mantener las mesas de diálogo centradas en buscar una paz con justicia social en los territorios.

Sin embargo, las críticas hacia las instituciones de justicia colombianas marcaron su declaración. Mendoza señaló específicamente que ‘Araña’ contaba con una suspensión de su orden de captura en el marco de la política de “paz total” propiciada por el presidente Petro. Responsabilizó tanto a la Fiscalía General de la Nación como al Ministerio de Justicia de no respetar este compromiso, calificando sus acciones como subordinadas a intereses internacionales que, según él, cuestionan la soberanía y dignidad del país.

“Es un acto proferido formalmente por la Fiscalía Nacional de Colombia. Las declaraciones de Luz Adriana Garzón Camargo, fiscal general, y de Ángela María Buitrago, ministra de Justicia, son sumisas”, subrayó el líder insurgente en el video.

En relación con el proceso de captura que generó este pronunciamiento, Mendoza rechazó enérgicamente la aprehensión de alias “Araña”, exigiendo al presidente colombiano que cumpla con lo estipulado para avanzar en las negociaciones de paz. Según sus palabras, el compromiso de suspender acciones judiciales contra figuras insurgentes clave es fundamental para mantener la vigencia del diálogo con las comunidades y los distintos actores en el territorio.