Varios partidos políticos colombianos presentaron una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), en la que solicitan medidas cautelares en favor de los senadores de la Comisión VII del Congreso de la República de Colombia.
El principal argumento es la “situación de extrema gravedad y urgencia” que, según los denunciantes, enfrentan los congresistas que no apoyan las reformas sociales impulsadas por el presidente Gustavo Petro.
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De acuerdo con la denuncia enviada a la Cidh, los firmantes aseguran que las amenazas están vinculadas al rechazo de varios congresistas a la reforma a la salud, presentada en el Congreso en febrero de 2023 por la entonces ministra de Salud Carolina Corcho.
Este proyecto de ley, identificado en el Senado como el 216 de 2023, busca transformar estructuralmente el sistema de salud público en Colombia, lo que ha generado tanto críticas como divisiones entre los sectores políticos.
“El proyecto consistiría en modificar el sistema universal establecido en 1993, cuyas características han sido reconocidas nacional e internacionalmente”, detalla el documento citado por la periodista Maritza Aristizábal.
La denuncia enumera una secuencia de eventos que culminaron el 12 de marzo de 2024, cuando nueve senadores de la Comisión VII del Senado presentaron una ponencia negativa con solicitud de archivo del proyecto de ley. Según estos legisladores, la reforma no representa un avance y pone en riesgo un sistema que ha ofrecido progresos en términos de cobertura y acceso al servicio de salud, especialmente para los sectores más vulnerables.
“Manuel Virgüez Piraquive, del Partido Mira, expresó en su comunicado la necesidad de proteger la independencia legislativa frente a supuestos acosos gubernamentales, los cuales calificó de ‘alarmantes’”, indicó el texto compartido por los demandantes.
Entre los aspectos más polémicos de la reforma a la salud, resalta su enfoque en la administración pública del sistema y la priorización de la prevención sobre la atención curativa.
Los detractores, como el Partido Conservador y el Partido Liberal, ven este cambio como un retroceso frente al modelo establecido por la Ley 100 de 1993, “destacado globalmente por su cobertura universal y disminución del gasto de bolsillo”, según precisa la denuncia.
Algunos partidos incluso han señalado que, durante las discusiones en la Cámara de Representantes, la reforma estuvo envuelta en “numerosos escándalos de corrupción” que, afirman, erosionaron la transparencia del proceso legislativo.
Por su parte, los presidentes de los partidos que respaldan la denuncia presentaron su caso como una medida de protección para evitar lo que consideran presiones indebidas provenientes del mismo Gobierno colombiano.
En el documento dirigido a la Cidh, César Gaviria Trujillo, presidente del Partido Liberal, y Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, director del Centro Democrático, reiteraron la necesidad urgente de salvaguardar a los integrantes de la Comisión VII ante “las amenazas del gobierno encabezado por el presidente Gustavo Francisco Petro”.
Las reacciones no se han hecho esperar. Según el informe presentado por Maritza Aristizábal, la solicitud de medidas cautelares también refleja una división más amplia entre quienes apoyan las iniciativas progresistas del gobierno y aquellos que creen que las reformas representan riesgos inminentes para los pilares de la Constitución Política de Colombia.
El documento, además, destaca que varias de estas instituciones políticas consideran esta situación como una prueba de fuego para la democracia interna del país.
En tanto, las organizaciones políticas involucradas en la denuncia incluyen al Partido Conservador, el Partido Liberal, el Centro Democrático, el Partido Colombia Justa y Libre, la Alianza Social Independiente (ASI) y el Partido Mira.
Sus representantes aseguran que esta acción busca alertar a la comunidad internacional en pro de “defender la independencia y la seguridad de los legisladores colombianos”, enfatizando las dificultades al disentir de un gobierno que, afirman, utiliza herramientas de presión cuestionables.
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