En Colombia, miles de ciudadanos son víctimas de una práctica común, pero molesta: las llamadas y mensajes constantes de entidades financieras y casas de cobranza que buscan recuperar deudas pendientes. En muchos casos, estas comunicaciones exceden los límites de lo razonable, afectando la tranquilidad de los deudores e incluso llegando a involucrar a sus familiares y amigos. Para poner fin a este tipo de acoso, desde hace dos años se encuentra vigente la Ley 2300 de 2023, más conocida como la Ley Dejen de Fregar, una normativa que regula los horarios y las formas en que las entidades pueden contactar a las personas con obligaciones financieras en mora.
Promulgada con el propósito de establecer límites en la gestión de cobros, la Ley 2300 de 2023 prohíbe que las entidades bancarias y financieras realicen llamadas a los deudores en horarios inapropiados o que contacten a sus allegados con el fin de presionarlos para el pago de sus obligaciones. La norma busca garantizar un trato más respetuoso y menos invasivo, sin eliminar por completo la posibilidad de comunicación entre acreedores y deudores.
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Horarios permitidos para las llamadas de cobro
Uno de los principales puntos de la ley es la regulación de los horarios en los que las entidades pueden ponerse en contacto con las personas en mora. Según la normativa, los bancos, casas de cobranza y otras entidades del sector financiero pueden comunicarse únicamente en los siguientes horarios:
- Lunes a viernes: entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m.
- Sábados: desde las 8:00 a. m. hasta las 3:00 p. m.
- Domingos y festivos: queda completamente prohibida cualquier gestión de cobro o contacto con los deudores.
Adicionalmente, la ley impide que las entidades financieras realicen visitas domiciliarias o al lugar de trabajo del deudor con fines de cobro, salvo en casos específicos como los microcréditos o los créditos agropecuarios, donde estas visitas están reguladas bajo otros parámetros.
A pesar de la entrada en vigencia de la ley, algunas entidades aún incumplen estas disposiciones, por lo que los ciudadanos tienen el derecho de presentar quejas ante las autoridades competentes. Si una persona sigue recibiendo llamadas fuera de los horarios establecidos o si sus familiares y amigos son contactados sin su consentimiento, puede acudir a la Superintendencia Financiera de Colombia o a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para denunciar estos hechos. Para ello, se recomienda almacenar el registro de las llamadas recibidas y cualquier otra evidencia que permita demostrar el incumplimiento de la ley.
Además de frenar el acoso de los cobradores, la Ley Dejen de Fregar también protege a los ciudadanos de llamadas comerciales y publicitarias no deseadas. Para ello, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) habilitó el Registro de Números Excluidos (RNE), una plataforma donde los usuarios pueden inscribir sus números móviles para evitar la recepción de mensajes y llamadas de carácter comercial.
En un comunicado emitido en 2024, la CRC informó que a partir del 10 de abril, los consumidores podrán elegir si desean excluirse de la recepción de publicidad a través de distintos medios, incluyendo mensajes de texto (SMS), correos electrónicos, llamadas telefónicas y mensajes en aplicaciones o plataformas web.
¿Cómo inscribirse en el Registro de Números Excluidos?
Para quienes desean evitar este tipo de comunicaciones, el proceso de inscripción en el RNE es sencillo y se realiza de la siguiente manera:
- Ingresar al portal oficial de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
- Buscar la sección ‘¡Aquí Puedes Realizar!’ y hacer clic en ‘Registro de Números Excluidos (RNE)’.
- Ingresar los datos de identificación y, si es la primera vez, crear una cuenta seleccionando la opción ‘Registrarse’.
- Una vez dentro del sistema, completar el formulario con la información solicitada.
- Modificar las preferencias de contacto para especificar los medios a través de los cuales no se desea recibir mensajes o llamadas comerciales.
La inscripción en esta plataforma no solo es gratuita, sino que se convierte en una herramienta clave para que los ciudadanos tengan mayor control sobre las comunicaciones que reciben.
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