El hundimiento del proyecto de reforma laboral propuesto por el presidente Gustavo Petro en el Senado no solo marcó un duro golpe para el Gobierno, también intensificó los conflictos entre los poderes Legislativo y Ejecutivo. El acontecimiento, sumado a los enfrentamientos verbales del mandatario contra los congresistas opositores, agravó la tensión política en el país y abrió paso a una posible consulta popular como mecanismo para impulsar las reformas rechazadas.
La iniciativa fue archivada el 18 de marzo por la Comisión Séptima del Senado, tras una ponencia de ocho de sus catorce integrantes que recomendaron no continuar con el trámite. El presidente Petro acusó a quienes votaron en contra de actuar “exclusivamente y abiertamente por la codicia”. El mandatario señaló que esta decisión constituía “una ruptura abierta contra la Constitución” a manos del Congreso, el que, conforme a sus palabras, debería legislar en función del interés general.
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A pesar de esta derrota legislativa, el Gobierno no claudicó en sus esfuerzos por implementar la reforma. De acuerdo con las declaraciones del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, la administración planea avanzar mediante la expedición de decretos.
“Los decretos que vamos a producir en los próximos días serán el resultado de lo que hemos elaborado recientemente en el Ministerio de Trabajo, que pasarán por el examen jurídico en la Casa de Nariño y que tendrán la firma del presidente de la república y del ministro de Trabajo”, explicó el funcionario.
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Asimismo, el Gobierno enfatizó en la intención de recurrir a una consulta popular. El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que ya se alistan las doce preguntas que formarán parte de este mecanismo. Según él, no existe urgencia por definir los términos, por lo que dijo que “todo tendrá que ser acorde a los tiempos y ya tenemos estructuradas 11. No hay afán, lo importante es que queden bien hecho“.
Críticas de la oposición
Mientras tanto, las críticas de la oposición no se hicieron esperar. Un informe de EFE resaltó que la senadora María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, expresó su rechazo categórico hacia la consulta popular, argumentando que será utilizada por el presidente Petro para manipular a la ciudadanía.
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En sus declaraciones, afirmó: “Lo que va a hacer Petro diciéndole al país de nuevo que no le pasó sus reformas a la salud y laboral, es mentir y (...) hacer campaña para engañar nuevamente al país “. Además, instó al Senado a rechazar la propuesta: “El Senado debe decirle no”.
Hostigamiento al Congreso
Por su parte, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, líder del partido Cambio Radical, también arremetió contra el presidente y sostuvo que los senadores de su colectividad hayan decidido votar en contra de la consulta.
Según lo relatado por la agencia, Vargas Lleras acusó a Petro de estar “insistiendo en hostigar y amenazar al Congreso, a la Rama Judicial, a los gobernadores y alcaldes”, e indicó que esta situación pone en grave peligro la separación de poderes en el país.
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En el panorama legislativo, la tensión no cede. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, del Partido Conservador, advirtió que cualquier intento de socavar la independencia del Congreso podría ser interpretado como un golpe de Estado.
Decisiones legítimas
En las declaraciones, Cepeda defendió la legitimidad de la institución, al afirmar que “este es un Congreso legítimo que toma sus decisiones legítimas y de manera independiente “.
Sin embargo, entre las filas oficialistas la narrativa toma un tono diferente. La senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, calificó de preocupante la postura de los partidos que buscan hundir la consulta popular. La congresista cuestionó a los senadores por no escuchar las demandas de las manifestaciones ciudadanas hechas el 18 de marzo en apoyo a las reformas del Gobierno. “Acaban de decir varias bancadas que van a hundir la consulta popular y ni siquiera conocen el contenido y las preguntas que van a presentar el presidente de la república y los ministros“, sostuvo la senadora.
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