La crisis del sistema de salud en Colombia se ha agudizado durante los últimos años y sigue siendo motivo de fuertes debates políticos y sociales, por lo que el exministro de Salud entre 2010 y 2012 Mauricio Santamaría Salamanca generó polémica tras realizar fuertes señalamientos contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro, atribuyéndole la responsabilidad directa por la actual situación del sector.
En una publicación en su cuenta de X, Santamaría aseguró que el Gobierno nacional, liderado por Petro, junto al Ministerio de Salud, han intentado desviar la atención del público, culpando a administraciones anteriores, gestores farmacéuticos, EPS intervenidas, saboteadores e incluso a los medios de comunicación.
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“No se dejen engañar. Lo que está pasando es culpa directa del gobierno que ha seguido una estrategia de destrucción del sistema y de los agentes privados”, comenzó por afirmar el exfuncionario.
Según Santamaría, algunas decisiones gubernamentales han agravado considerablemente la situación, tales como la restricción de giros, el no incremento adecuado de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), y medidas policivas desproporcionadas contra las EPS más grandes, generando una crisis sin precedentes.
El exministro también señaló que se han despedido funcionarios del Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud por alertar sobre la insuficiencia de la UPC y la corrupción en EPS intervenidas.
Adicionalmente, Santamaría denunció que fondos específicos de la UPC, destinados exclusivamente a la prestación de servicios médicos, se han utilizado para construir infraestructura y financiar equipos de atención primaria cuyo funcionamiento carece de transparencia.
En referencia a la reforma a la salud propuesta por el actual Gobierno, Santamaría calificó dicha iniciativa como “pésima”, pues afirmó que solo traerá más “dolor y sufrimiento”.
Advirtió, además, sobre el cierre de más de mil servicios en diversas Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), situación que no tiene antecedentes recientes.
El exfuncionario instó a los ciudadanos a prestar atención a las denuncias realizadas por asociaciones de pacientes que advierten sobre un deterioro sin precedentes en la atención, particularmente en enfermedades crónicas.
También mencionó pronunciamientos de la Corte Constitucional, que en varias ocasiones ha llamado la atención al Ejecutivo sobre la necesidad urgente de corregir los problemas financieros y operativos del sector.
“Pero si no me creen a mí, créanle a las Asociaciones de Pacientes que denuncian un deterioro nunca visto en los dos últimos años, sobre todo en atención de enfermedades crónicas. Créanle también a la @CConstitucional que le ha llamado la atención varias veces al gobierno y, sobre todo, créanle a las filas y a la desesperación de los pacientes y sus familias que no habían vivido una situación como esta desde las épocas del ISS. De hecho, créanle al mismo gobierno".
Santamaría recordó además declaraciones polémicas hechas por Carolina Corcho, exministra de Salud, que en 2022 manifestó que era necesario generar una “crisis explícita” en la salud para que la población comprendiera la necesidad de reformas profundas.
Respuesta del Gobierno ante las críticas
Ante la compleja situación, el Gobierno nacional ha defendido su gestión, por lo que el Ministerio de Salud y Protección Social, emitió un comunicado en el que aseguró que los pagos necesarios para la provisión de medicamentos y servicios de salud han sido realizados oportunamente.
Según la cartera de Salud, durante los últimos cinco meses se habrían girado más de 1,6 billones de pesos a las principales empresas distribuidoras de medicamentos, entre ellas Audifarma, Cruz Verde, Disfarma y Helpharma, incluso, solo en marzo, según el ministerio, estas empresas recibieron más de 238.000 millones de pesos.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aclaró que las actuales fallas en el suministro de medicamentos no se deben a falta de pagos, sino a factores como la concentración del mercado en pocas empresas, sobrecostos derivados de intermediarios y la acumulación de deudas por parte de algunas compañías con los laboratorios productores.
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