La JEP aplazó audiencia sobre seguridad de excombatientes de las Farc por falta de confirmación de entidades estatales

Un panorama alarmante sobre la seguridad de los excombatientes de las Farc se intensificó en los primeros meses de 2025, con cifras de violencia que superan los registros de años anteriores.

En este entorno, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) había convocado a una audiencia pública para el 27 de marzo con el objetivo de evaluar las acciones institucionales frente a esta crisis.

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Sin embargo, la falta de confirmación de asistencia por parte de varias entidades gubernamentales llevó al tribunal a aplazar la cita para el 10 de abril.

De acuerdo con un auto emitido por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SAR) de la JEP, encabezada por la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra, la inasistencia de la delegación de representación por parte de las entidades convocadas refleja una preocupante falta de compromiso.

Entre las instituciones señaladas se encuentran la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) y la Unidad para la Implementación del Acuerdo Final de Paz. Según el documento, solo la Agencia Nacional de Tierras confirmó la asistencia de su director.

La JEP criticó duramente esta actitud, calificándola como una muestra de indiferencia hacia la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016. En el auto se señala que esta falta de participación “da a entender que la seguridad de los y las firmantes no es un tema prioritario en sus agendas”.

Además, el tribunal reiteró que la asistencia a esta audiencia es indelegable y exigió la presencia de los representantes principales de cada entidad.

El contexto de esta audiencia no es menor. Según datos recopilados por la JEP hasta el 2 de marzo de 2025, un total de 456 firmantes del Acuerdo de Paz fueron asesinados desde 2016. Solo en enero de este año, se registraron 11 homicidios de personas en proceso de reincorporación, lo que convierte al primer trimestre de 2025 en el más violento desde la firma del acuerdo, superando incluso los años críticos de 2019, 2020 y 2021.

Entre los hechos más graves de este año se encuentra un ataque perpetrado por el ELN en la región del Catatumbo, seguido de enfrentamientos con disidencias de las antiguas Farc, conocidas como Estado Mayor de los Bloques y Frente. Estos enfrentamientos resultaron en el asesinato de al menos seis excombatientes y la desaparición de otros seis, según reportaron varias entidades.

Además de los homicidios, los desplazamientos forzados han afectado gravemente a los excombatientes y sus familias. La JEP destacó que estos desplazamientos, tanto de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (Etcr) como de las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR), han impactado los procesos de reincorporación, los medios de vida y el tejido social de las comunidades.

Ejemplo de ello es el reciente anuncio de los exguerrilleros de la vereda San Francisco de Yondó, en Antioquia, que decidieron abandonar la NAR Omaira Díaz debido a amenazas en el territorio. Situaciones similares se han registrado en el NAR Simón Trinidad, en Mesetas, Meta, y en el ETCR Mariana Páez, así como en Miravalle, Caquetá.

La falta de avances en la implementación del Acuerdo de Paz también ha generado críticas por parte de los firmantes. El pasado 5 de marzo, el líder de reincorporación Diego Tovar envió una carta al presidente Gustavo Petro, en la que expresó su preocupación por la creciente violencia y la falta de resultados concretos. En la misiva, Tovar señaló: “Contamos por cientos los asesinatos y cada vez se hacen más frecuentes, más sistemáticos y selectivos. Nos aterra que estas prácticas […] terminen por hacer de la indiferencia la única respuesta de su gobierno”.

Asimismo, los firmantes rechazaron una propuesta del comisionado de paz, Otty Patiño, que buscaba unificar el Acuerdo de Paz de 2016 con la política de Paz Total del gobierno de Petro. En un comunicado, los excombatientes enfatizaron que ambos procesos son distintos en su origen y naturaleza, y que el Acuerdo de Paz debe cumplirse con garantías y seguridad jurídica.

Según el documento, la Paz Total “sigue siendo una estrategia en construcción, sin un marco normativo claro y con efectos inciertos para la estabilidad del país”.

Ante este panorama, la JEP insistió en la necesidad de que el Estado garantice condiciones de seguridad para los excombatientes y cumpla con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz. En el auto emitido, el tribunal subrayó que las instituciones deben presentar acciones concretas para abordar la crisis de seguridad y responder a las denuncias de estigmatización, amenazas y desplazamientos forzados.

La audiencia del 10 de abril será una oportunidad crucial para que las entidades gubernamentales rindan cuentas sobre sus esfuerzos en materia de seguridad y reincorporación. Sin embargo, la inasistencia inicial de estas instituciones pone en duda la voluntad institucional para enfrentar una crisis que afecta no solo a los firmantes del Acuerdo de Paz, sino a la estabilidad del proceso de reconciliación en Colombia.