
El presidente Gustavo Petro, durante su visita el centro de salud Once de Noviembre en Los Patios, Norte de Santander, llevada a cabo el 20 de marzo de 2025, criticó las gestiones que han hecho las entidades promotoras de salud (EPS) en materia de prestación de servicios de salud. De acuerdo con el primer mandatario, no solo ha habido malos manejos de los recursos públicos, sino que han estado incumpliendo la normativa colombiana en cuanto el acceso que deben tener los pacientes a las citas médicas, exámenes y procedimientos.
Según detalló, uno de los problemas radica en la obligación que se le está poniendo a los ciudadanos de solicitar autorizaciones para poder agendar las citas que requieren. En consecuencia, pidió al superintendente Nacional de Salud, Helver Giovanni Rubiano García, estar atento a las entidades promotoras que exijan esos documentos a los pacientes. “Ese jueguito, que parece que hacen todas las personas, de esperar una autorización, eso no lo permite la ley. Entonces, EPS que lo haga, superintendente, está quebrando la ley”, precisó.
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Pues, de conformidad con su explicación, las autorizaciones no deberían necesitarse, teniendo en cuenta que el Gobierno nacional hace un pago anticipado a las EPS para que garanticen la correcta prestación de los servicios a todos sus afiliados, incluyendo a sus beneficiarios. En ese sentido, los usuarios del sistema no deberían verse perjudicados con largas esperas y trámites engorrosos para poder agendar sus citas médicas.
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Puso como ejemplo una paciente con cáncer que debe enfrentarse a demoras administrativas para continuar con sus tratamientos. “Lo que está sucediendo ahí es una trampa, porque si nosotros ya pagamos, no hay que ir a pedir autorización, hay que irse a verse con el especialista que tradicionalmente está viendo a la señora. La cita la pondrá él, por teléfono, si es que está muy cotizado, si no, casi de inmediato”, indicó.
A juicio del presidente, la razón por la que las EPS están exigiendo a los ciudadanos que se tramite con ellas las respectivas autorizaciones es el enriquecimiento propio. Pues, entre más tarden los procesos para acceder a los servicios de salud, más dinero estarían ganando quienes dirigen las entidades. Los recursos públicos que son entregados por el Gobierno, entonces, se quedan sin ejecutar, o son utilizados para otros fines, que no están relacionados en absoluto con la salud.
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“Se van y se compran una clínica, o peor aún, un jet particular para llevar a la novia a Miami (Estados Unidos), o peor aún, un campo de golf en Miami, y allá se va quedando la platica del Estado, que es la plata del pueblo, y se la roban. Y esto lo hemos detectado por billones de pesos”, aseveró Gustavo Petro.
Como ejemplo puso el caso de la EPS Coosalud, cuyo gerente habría utilizado los recursos públicos como fianza para un préstamo del Banco GNB Sudamérica S.A. En su momento, la Superintendencia Nacional de Salud reveló que en diciembre de 2022, la entidad promotora firmó un contrato de crédito con el banco en cuestión, asumiendo un rol de fiador para la empresa Coosalud Inversa S. A. S.
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El dinero comprometido asciende a $221.000 millones, que se perdió casi en su totalidad porque la EPS no cumplió con la obligación de pago. Entonces, $206.000 millones fueron transferidos al banco para saldar la deuda. “Aquí estamos hablando de recursos públicos de la salud usados para cubrir deudas de un privado”, indicó el superintendente al hacer la denuncia.
El presidente explicó que el dinero no podía ser utilizado para ese tipo de obligaciones, porque su única destinación debía ser la prestación de servicios de salud.
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