
En un nuevo capítulo en las investigaciones que avanzan por los hechos de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia sobre información relacionada con la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta Epieyú: recientemente mencionada como presunta partícipe en el megacaso de corrupción.
Según se conoció el viernes 21 de marzo, la congresista es señalada de estar, al parecer, involucrada en una serie de hechos que demostrarían su participación en el entramado de corrupción: que quedaron al descubierto con las declaraciones del exdirector de la entidad Olmedo López y su exdirector del manejo del riesgo Sneyder Pinilla; que han involucrado a funcionarios del Gobierno y congresistas.
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El caso está ahora bajo dominio de la magistrada Cristina Lombana, que hace parte de la Sala de Instrucción, según reportaron medios como Blu Radio y El Tiempo. Será ella la que determinará si existen méritos para que se abra una investigación formal contra la congresista: que hace parte de la Comisión Séptima del Senado y es una de las defensoras de las reformas promovidas por el Gobierno de Gustavo Petro.
¿Por qué se compulsaron copias a la Corte Suprema para indagar presunta participación de la senadora Martha Peralta?
En una reciente audiencia, Andrea Muñoz, una de las fiscales encargadas del caso, acusó a Peralta de un presunto interés indebido relacionado con un contrato para la provisión de 7.500 horas de maquinaria amarilla y volquetas, por un valor de 2.170 millones de pesos, destinadas a labores de recuperación en Riohacha (La Guajira).
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“El 19 de septiembre de 2023, en las instalaciones de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, usted, señor Olmedo López, se reunió con la senadora Martha Peralta Epiyú y los contratistas Isaac Francisco Riscala Lozano y Jorge Riscala Muvdi de Inversiones IRL SAS, propietarios de maquinaria amarilla, quienes registraron su ingreso a la unidad como provenientes del Senado”, indicó Muñoz en la diligencia.

En diferentes medios, Peralta defendió su actuar, aunque confirmó que visitó tres veces la oficina de la Ungrd, pero negó de forma enfática haberse reunido con López, o con contratistas vinculados a esa maquinaria. Según la congresista, esas reuniones no contemplaron propósitos para gestionar contratos o maquinaria amarilla, como lo afirmó en un comunicado que compartió tras el escándalo.
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“Nunca he sostenido reuniones, negociaciones o acuerdos con el señor Olmedo López, Sneyder Pinilla o cualquier contratista de Ungrd con el propósito de direccionar contratos”, aseguró en su pronunciamiento público. Y acotó que cualquier acusación contra su persona carece de veracidad, por lo que dijo tener su conciencia tranquila frente a este episodio que la ha puesto en la palestra pública.
Y es que, de acuerdo con las pruebas que presentó el organismo investigador, Peralta estaría relacionada con los directivos de la Ungrd. De acuerdo con la fiscal Muñoz, la senadora habría participado en reuniones con los exdirectivos López y Pinilla con el objetivo de “influenciar de manera inapropiada los términos del contrato, lo que podría constituir un acto de tráfico de influencias y corrupción”.
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Peralta Epieyú, oriunda de La Guajira y destacada figura del Pacto Histórico, hace parte de un caso en el que se han conocido detalles de cómo ocurrieron irregularidades relacionadas con millonarios contratos destinados a atender emergencias y desastres en el país. Mi actuar ha sido siempre en el marco de la transparencia y ética que exige el ejercicio de mi labor parlamentaria”, indicó en su defensa la parlamentaria.
Y es que, frente a estos señalamientos, la congresista recordó que el propio Olmedo López negó, en la referida audiencia, las acusaciones formuladas en su contra por la Fiscalía, lo cual, para ella, pone en duda lo dicho por Muñoz. “Olmedo López no aceptó las acusaciones formuladas por la Fiscalía, lo que demuestra que los hechos en los que se me involucra carecen de sustancia”, dijo la senadora oficialista.
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