La Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación emitieron una alerta sobre la inminente suspensión del servicio de alimentación en los Centros de Detención Transitoria del país.
A partir del 30 de junio de 2025, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) dejará de suministrar alimentos en estos establecimientos, responsabilidad que recaerá en las entidades territoriales.
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Nueva responsabilidad para las alcaldías y gobernaciones
La medida responde a lo estipulado en la Ley 2346 de 2024, que asigna a alcaldías y gobernaciones la obligación de garantizar la alimentación de las personas privadas de la libertad en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI). En ese sentido, cada gobierno local debe presentar sus planes de atención y cumplimiento de lo establecido por la ley, a partir de junio de este año.
Ante esta situación, los órganos de control han instado a las autoridades locales y al Ministerio de Justicia a definir y presentar los planes de implementación que aseguren la continuidad del servicio, con el fin de evitar una crisis humanitaria en los centros de detención. La Contraloría y la Procuraduría advirtieron que verificarán la información presentada por las entidades territoriales y remitirán sus hallazgos a la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional Penitenciario y Carcelario de la Corte Constitucional.
El anuncio genera preocupación debido a antecedentes de deficiencias en la prestación del servicio de alimentación para las personas privadas de la libertad en Colombia. Un ejemplo de ello es que, desde noviembre de 2024, internas de la cárcel El Buen Pastor han denunciado la mala calidad de los alimentos, insuficiencia en las raciones y problemas sanitarios en su preparación.
Ante esta situación, la fundación Corporación Corazón Humano, liderada por Esperanza Bustamante, interpuso el 13 de noviembre de 2024 una acción de tutela contra la Uspec y la Unión Temporal Andino Colombiano, empresa encargada del suministro de alimentos. La acción judicial exigió medidas inmediatas para garantizar alimentos en condiciones dignas y la investigación de posibles irregularidades en la ejecución del contrato.
Las reclusas también han recurrido a huelgas de hambre en reiteradas ocasiones. En mayo de 2024 realizaron una protesta exigiendo mejoras en la calidad nutricional y en la infraestructura sanitaria, pero según el colectivo Mujeres Libres, las soluciones implementadas fueron insuficientes.
Medidas adoptadas y compromisos de la Uspec
A finales de enero de 2025, la Uspec reconoció deficiencias en la prestación del servicio de alimentación en El Buen Pastor y anunció varias medidas correctivas; luego de que, en compañía de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, y representantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec); visitaran la cárcel para dialogar con las reclusas y comprometerse a solucionar los problemas identificados.
- Sanciones al operador: e iniciaron procesos administrativos contra la empresa responsable del suministro de alimentos y se ordenó a la interventoría Consorcio Interalimentos 2024 hacer presencia permanente en el penal y presentar informes en tiempo real.
- Seguimiento permanente: se creó una mesa de seguimiento conformada por el Inpec, la Uspec, la interventoría y el operador de alimentación para garantizar la prestación del servicio en condiciones dignas.
- Compromiso con la calidad: la Uspec se comprometió a seguir monitoreando los servicios penitenciarios con el objetivo de “dignificar y humanizar el sistema penitenciario”.
Sin embargo, a pesar de estos compromisos, la suspensión del servicio por parte de la Uspec a partir de junio de 2025 plantea nuevos desafíos para las entidades territoriales. De no definirse planes de acción concretos, el riesgo de desabastecimiento de alimentos en los centros de detención transitoria podría derivar en una crisis humanitaria de gran magnitud.
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