Tribunal de Boyacá aceptó recurso de apelación del alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, por nulidad en su elección

En la tarde del martes 18 de marzo, se dio a conocer una decisión judicial clave relacionada con el futuro político del actual alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov.

El Tribunal Administrativo de Boyacá aceptó el recurso de apelación interpuesto por la defensa del mandatario en respuesta al fallo de primera instancia dictado por la Sala Dual de Decisión N.° 2, que declaró nulidad de su elección como alcalde debido a un contrato firmado con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc) diez meses antes de su elección.

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Según se detalla la demanda, Krasnov terminó en diciembre de 2022 un contrato con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC). Este contrato, cuyo objeto era la “capacitación y revisión de documentos y redacción de artículos científicos en inglés y alemán” para la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, concluyó apenas 10 meses antes de las votaciones realizadas en octubre de 2023. Esta situación lo ubicaría fuera del tiempo exigido por la norma, lo que constituye un incumplimiento de las disposiciones legales aplicables.

Otro de los argumentos presentados por los demandantes hacía referencia a la doble nacionalidad de Krasnov, que cuenta con ciudadanía ruso-ucraniana y colombiana. No obstante, el tribunal desestimó esta reclamación, subrayando que no es un requisito ser colombiano de nacimiento para participar en cargos de elección popular.

De otro lado, en febrero de 2023, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra Krasnov bajo los mismos argumentos que fueron considerados por el tribunal. El ente de control destacó que Krasnov podría estar inhabilitado para postularse o ocupar el cargo debido a la infracción de los tiempos establecidos. Esta falta, calificada como “gravísima” y cometida a título de dolo, sigue siendo objeto de investigación por parte de la Procuraduría.

Los argumentos de la defensa del alcalde Mikhail Krasnov

Ante esta resolución, Ricardo Andrés Rodríguez Novoa, entonces abogado apoderado de Krasnov, presentó un incidente de nulidad procesal, argumentando dos causales principales.

La primera causal alegada por Rodríguez Novoa se basó en que la sentencia fue adoptada por un número de magistrados inferior al que exige la ley. La segunda se centró en una presunta violación del derecho fundamental al debido proceso y del derecho humano a las garantías judiciales.

Rodríguez Novoa solicitó específicamente la nulidad tanto de la sentencia misma como del proceso que condujo a esta decisión, argumentando irregularidades de fondo y de procedimiento.

Cambio de representación legal

Entre tanto, recientemente se constató que Mikhail Krasnov terminó el poder otorgado a Ricardo Andrés Rodríguez Novoa, según un documento remitido al Tribunal Administrativo de Boyacá en el que se declararon saldados los honorarios derivados de la asesoría durante el proceso de nulidad electoral. En este contexto, Krasnov designó como su nuevo abogado apoderado a Gonzalo Ramos Rojas, que asumió la representación judicial.

Perfil del nuevo apoderado: Gonzalo Ramos Rojas

Gonzalo Ramos Rojas, nacido en El Castillo, Meta, cuenta con una destacada formación académica y experiencia profesional. Es abogado, especialista en Derecho Penal y Criminología por la Universidad Libre, y posee una maestría en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra.

Su trayectoria incluye roles como asesor en la Rama Judicial, abogado en el Consejo de Estado, y contratista para diversas entidades públicas como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría Militar, entre otras. En el ámbito regional, actualmente está vinculado a la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (Corporinoquia), mediante un contrato de prestación de servicios como abogado externo para procesos judiciales y extrajudiciales, cuyo plazo se extiende hasta mayo de 2025 por un monto de $17.115.000.

También mantiene un contrato con la Empresa de Energía de Casanare (Enerca S.A.), vigente hasta julio de 2025, por un valor de $28.800.000, para representarla en acciones judiciales y constitucionales.