Presupuesto de 2027 sigue trabado: Gobierno propone mover solo $3 billones entre sectores

El debate del Presupuesto General de la Nación para 2027 continúa sin destrabarse en el Congreso, luego de que el Gobierno no avalara las proposiciones presentadas por los congresistas para modificar la distribución de los recursos y planteara, en cambio, una redistribución por apenas $3 billones.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, los coordinadores ponentes se reunieron en el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes para revisar el proyecto. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, no participó porque se encontraba en un consejo de ministros.

Durante la discusión se conoció la propuesta que llevaría el Ejecutivo para modificar algunos componentes del presupuesto. Según el representante a la Cámara John Edgard Pérez, el Gobierno plantea trasladar $2 billones del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Salud.

Además, propone recortar $1 billón del servicio de la deuda. De ese monto, $300.000 millones serían destinados al Ministerio de Defensa, mientras que los $700.000 millones restantes se repartirían entre el Ministerio de Vivienda, Invías y el Ministerio del Deporte.

Gobierno no avala las 615 proposiciones

El monto total del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 ya fue aprobado en $634,9 billones. Ese valor funciona como techo del gasto y, por ahora, la principal controversia se concentra en la forma como se distribuirán los recursos entre las distintas entidades.

En total, los congresistas radicaron 615 proposiciones con solicitudes para modificar diferentes componentes del proyecto, principalmente mediante traslados entre ministerios, entidades y programas.

Sin embargo, según el reporte, el Gobierno no ha avalado ninguna de esas iniciativas. Si mantiene esa posición, la distribución del presupuesto podría quedar, en términos generales, como fue presentada inicialmente por el Ejecutivo, salvo por los cambios propuestos por aproximadamente $3 billones.

La discusión también refleja las restricciones fiscales que enfrenta el país. Durante el debate se señaló que las solicitudes de recursos de distintas entidades superan el margen disponible para realizar redistribuciones sin modificar el techo previamente aprobado.

Esto ha dificultado la construcción de consensos entre el Gobierno y los congresistas, quienes buscan fortalecer partidas para diferentes sectores y programas.

Recorte a la JEP entra en la discusión

Entre las propuestas que generan mayor controversia aparecen dos presentadas por el representante Jorge Rodrigo Tovar Vélez, quien planteó recortar $100.000 millones del presupuesto destinado a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

Según la iniciativa, $70.000 millones de esos recursos serían trasladados a programas de habitabilidad para víctimas ubicadas en zonas rurales y los $30.000 millones restantes quedarían asignados a la Unidad para las Víctimas.

La propuesta ha entrado en el debate general sobre las prioridades que debe tener el presupuesto y la posibilidad de reducir partidas de algunas entidades para fortalecer otras.

Por ahora, ese traslado no cuenta con el aval del Ejecutivo, al igual que las demás proposiciones radicadas por los congresistas.

Otro de los puntos que marcaría la votación está relacionado con las facultades extraordinarias incluidas en el proyecto. Aunque el texto general podría terminar aprobado sin grandes modificaciones en la distribución, el reporte señala que esas facultades no contarían con suficiente respaldo.

La discusión presupuestal enfrenta así dos niveles de tensión: por un lado, las solicitudes del Congreso para redistribuir recursos entre entidades y, por otro, el margen limitado del Gobierno para aceptar modificaciones sin aumentar el monto total aprobado.

El Ejecutivo plantea concentrar sus cambios en salud, defensa, vivienda, infraestructura vial y deporte, mientras buena parte de las demás solicitudes quedarían por fuera de la propuesta oficial.

Con un presupuesto fijado en $634,9 billones y 615 proposiciones todavía en discusión, el Congreso deberá definir si mantiene la estructura planteada por el Gobierno o logra acuerdos adicionales para modificar la destinación de recursos antes de la aprobación definitiva del proyecto.