
La discusión sobre la reforma laboral, programada para el martes 18 de marzo en la Comisión Séptima del Senado, enfrenta un clima de alta tensión política y social.
La representante Lina María Garrido, segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes, solicitó a la senadora Nadia Blel, presidenta de la Comisión Séptima, posponer el debate debido a lo que calificó como un ambiente de intimidación y amenazas, presuntamente promovido por el presidente Gustavo Petro.
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La solicitud se produjo en un contexto marcado por protestas convocadas por el primer mandatario en la Plaza de Bolívar, a pocos metros del Capitolio Nacional, donde se discutirá el futuro de dicha reforma.
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Garrido expresó su preocupación a través de un mensaje en la red social X, en el que señaló que las movilizaciones organizadas por Petro buscan ejercer presión sobre los legisladores.

“No es casualidad que el presidente haya convocado a la Plaza de Bolívar, a escasos metros del Capitolio. Su objetivo es claro: intimidar, presionar y posiblemente agredir”, afirmó la congresista, que además advirtió que el país atraviesa una crisis que podría agravarse con este tipo de acciones. Garrido enfatizó que el Congreso debe ser un espacio de debate democrático y no un escenario para el amedrentamiento.
El llamado de Garrido a aplazar la sesión se da tras los incidentes ocurridos, el 11 de marzo, en el Congreso, cuando un grupo de aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) protagonizó protestas que, según la representante, constituyeron un “intento de asonada”.
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Este episodio, sumado a las movilizaciones convocadas por el presidente Petro, ha generado preocupación entre los legisladores de la Comisión Séptima, que denunciaron presiones y amenazas en torno al debate de la reforma laboral.

A pesar de este panorama, la senadora Nadia Blel, del Partido Conservador, confirmó que la sesión se llevará a cabo como estaba planeado. “La Comisión Séptima de Senado va a sesionar este martes como esperan los colombianos que lo hagamos. Lo haremos a pesar de las presiones, las descalificaciones y las amenazas que estamos recibiendo”, declaró Blel, que es una de las ocho senadoras que respaldan la ponencia de archivo de la reforma, lo que podría significar su hundimiento.
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El nivel de tensión alcanzó tal magnitud que la senadora Berenice Bedoya, de la Alianza Social Independiente (ASI), tuvo que ser hospitalizada recientemente.
Según el senador Honorio Henríquez, del Centro Democrático, la hospitalización se debió a las amenazas y ataques violentos dirigidos contra los legisladores que apoyan la ponencia negativa de la reforma laboral. Bedoya, por su parte, aseguró que no cederá ante las intimidaciones y defendió su postura en favor de una reforma que beneficie tanto a los trabajadores como a los empresarios.
“No actúo bajo presiones, sino sobre realidades. Debemos proteger a los nueve millones de trabajadores formales y buscar estrategias de formalización de los 12 millones de trabajadores informales. Debe ser una reforma donde ganen todos y no se estigmatice a los empresarios”, afirmó Bedoya.
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En respuesta a estas declaraciones, el presidente Gustavo Petro lanzó fuertes acusaciones contra la senadora, señalándola de actuar bajo presiones de “los poderosos del dinero” y de traicionar al pueblo. “Traicionaste a tu pueblo, a la gente humilde. No hay perdón para el que ataca al humilde con las garras de la codicia”, expresó Petro, quien también acusó a Bedoya de alinearse con intereses que calificó como “esclavistas”.
La reforma laboral, una de las iniciativas más emblemáticas del gobierno de Gustavo Petro, busca introducir cambios significativos en las condiciones laborales del país. Sin embargo, el proyecto ha generado divisiones profundas entre los sectores políticos y sociales. Mientras el gobierno defiende la reforma como una herramienta para mejorar los derechos de los trabajadores, la oposición y algunos sectores empresariales advierten sobre posibles impactos negativos en la economía y el empleo.
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El debate del martes 18 de marzo se llevará a cabo en un contexto de alta polarización, con protestas en las calles y un Congreso dividido. La Comisión Séptima, encargada de discutir el proyecto, enfrenta no solo la presión de las movilizaciones, sino también un ambiente interno marcado por denuncias de amenazas y descalificaciones. Según lo informado, la ponencia de archivo cuenta con el respaldo de ocho senadores, lo que podría sellar el destino de la reforma.
En medio de este panorama, la representante Lina Garrido hizo un llamado a preservar el carácter democrático del Congreso y evitar que se convierta en un escenario de confrontación. “No podemos permitir que use la violencia y la manipulación como herramientas de gobierno. El Congreso es un espacio de debate democrático, no un escenario de amedrentamiento ni de ataques contra la oposición”, afirmó Garrido en su mensaje.
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Por su parte, los legisladores que apoyan la ponencia negativa han reiterado su compromiso de actuar en función de lo que consideran mejor para el país, a pesar de las presiones. La senadora Berenice Bedoya subrayó la importancia de buscar una reforma que equilibre los intereses de trabajadores y empresarios, mientras que la senadora Nadia Blel reafirmó la decisión de la Comisión Séptima de proceder con el debate.
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